El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la Organización de las Naciones Unidas (CERF, por sus siglas en inglés) aprobó 8 millones de dólares para apoyar la respuesta humanitaria en Venezuela, informó este viernes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del organismo multilateral (OCHA).
“Los fondos serán destinados a proyectos del Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023 y estarán enfocados en personas en situación de vulnerabilidad”, indicó en Twitter la oficina de OCHA en el país caribeño.
Junto a la publicación, un texto explica que se trata de una asignación global del CERF “para impulsar operaciones humanitarias con financiación insuficiente en 11 países de África, Asia, las Américas y Oriente Medio”.
“Esta asignación del CERF abordará ese problema de frente”, dijo el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de ONU, Martin Griffiths, citado en el escrito oficial.
El alto funcionario, que visitó Venezuela el mes pasado, instó a los donantes a seguir apoyando estas crisis que presentan financiación insuficiente.
“Millones de personas sufren penurias sin precedentes en conflictos, sequías, inundaciones y otras emergencias humanitarias en las que la magnitud de las necesidades ha superado con creces los recursos de los que disponemos”, expresó.
A mediados de agosto, la ONU y sus socios lanzaron un nuevo plan de ayuda humanitaria para Venezuela que busca asistir a 5,2 millones de personas con necesidades urgentes y para el cual necesitan 795 millones de dólares.
El llamado “Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023″ es una hoja de ruta bianual que requiere del dinero este año para atender a las poblaciones más vulnerables del país, ubicadas mayoritariamente en los estados Miranda, Sucre, Falcón, Bolívar, Delta Amacuro, Apure, Amazonas y Zulia.
El pasado mes de junio, el Consejo de DDHH de la ONU denunció más casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución a la oposición en Venezuela. Además, señaló graves errores cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
El informe abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El informe documentó torturas a 14 personas privadas de libertad durante el período que abarca la investigación. Además, señala estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, la sociedad civil, medios de comunicación y sindicalistas.
“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil”, dice el informe.
La ACNUDH señala también 35 casos de violación del derecho a la libertad. Y denuncia que al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación venezolana.
“El ACNUDH siguió documentando casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El ACNUDH siguió registrando relatos de autocensura por temor a represalias”, señala el informe.
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