Los fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidieron este lunes 20 años de cárcel para el coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez por 72 «falsos positivos» (ejecuciones) cometidas en el conflicto, después de que no aceptó los cargos formulados por ese tribunal.
EFE
La «acusación que se hace en contra del señor Mejía Gutiérrez es por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura», anunció en una rueda de prensa el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez.
Mejía será acusado por «35 hechos y 72 personas, es decir, 72 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente», especificó Álvarez, quien señaló que se trata de «conductas criminales» que tienen «todos los elementos de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra».
Mejía fue comandante del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, en el norte del país, y es uno de los altos mandos del Ejército que no ha reconocido los crímenes de lesa humanidad imputados por la JEP, que en su proceso ordinario ofrece penas no privativas de libertad a cambio de aportes y reconocimiento de verdad.
Hace un año, este tribunal especial surgido del acuerdo de paz de 2016 con la antigua guerrilla de las FARC imputó a dos coroneles -entre ellos Mejía- y 13 militares más por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano.
Mejía sin embargo no reconoció los hechos y por ello la UIA, que cuenta con fiscales propios, presentó este lunes el escrito de acusación en su contra.
En ese escrito esta instancia considera que el coronel retirado «ideó, diseñó y ejecutó (…) un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate, motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército».
El excoronel, según explicó Álvarez, «siempre tuvo claro quiénes iban a ser sus víctimas: jóvenes con carencias económicas, desempleados -en algunos casos provenientes de familias desestructuradas (…)- y población campesina e indígena».
Los fiscales de la JEP deberán probar ahora en un juicio que Mejía cometió estos crímenes y que lo hizo en alianza con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como aseguran, lo que puede llevarlo a una pena de hasta 20 años de cárcel.
La JEP estudia en uno de sus casos los conocidos como «falsos positivos», y sitúa en 6.402 las personas que «fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008», que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
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