La Fiscalía de Panamá identificó al menos 20 víctimas de abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos en albergues de menores y mantiene abiertas 18 investigaciones por este caso que conmociona al país, dijo este martes el fiscal general encargado, Javier Caraballo.
EFE
«Tenemos una investigación extremadamente dinámica. Hasta esta mañana, ya que la investigación sigue con los fiscales haciendo entrevistas, había un promedio de 20 víctimas identificadas y 18 casos abiertos. Todo esto puede variar», explicó Caraballo en rueda de prensa.
Una subcomisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) presentó a inicios de en febrero pasado un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente y maltratados física y psicológicamente en 14 albergues en los que se acoge a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Hay testimonio de las supuestas víctimas de violación, según los cuales fueron atacadas por «religiosos» o cuidadores, y que incluso les hicieron abortar, como dijo a Efe la diputada oficialista Zulay Rodríguez.
Los albergues, que están bajo la supervisión estatal a través de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), son administrados por ONG y fundaciones y reciben subsidios públicos.
El caso desató un escándalo con protestas a nivel nacional, y ya renunciaron Eduardo Ulloa como fiscal general y Mayra Silvera como directora de la Senniaf, un cargo que había asumido este mismo año.
A raíz del informe parlamentario la Fiscalía abrió en febrero una investigación de oficio y este martes sostuvo que se van a inspeccionar los «56 albergues» que hay en todo el país e instituciones afines.
Hasta el momento, hay cinco imputados por los delitos sexuales y maltrato a menores, y también por peculado o malversación.
«A lo largo de las investigaciones se han encontrado irregularidades, pero no obstante han sido en su mayoría son administrativas», añadió Caraballo.
Agregó que hasta el momento «se han hecho una serie de diligencias, entre estas más de 280 entrevistas a niños, niñas y adolescentes a nivel nacional».
El fiscal general encargado dijo que la entidad que dirige desde el 1 de marzo pasado «no ha cesado en las labores para esclarecer los hechos».
«Durante el periodo que han durado estas investigaciones, los niños, niñas y adolescentes de estos albergues se dejaron desprotegidos siendo revictimizados», pero en todos los casos que la Fiscalía encontró a un menor de edad «posiblemente victimizado fue sacado de esos albergues y reubicado».
Caraballo especificó el caso de un albergue ubicado en Tocumen, a las afueras de Ciudad de Panamá, donde se procedió a dictar una orden de protección a estos menores de edad, mediante una orden de alejamiento de los administrados y dejándolo a cargo del Senniaf, la entidad responsable.
La investigación del albergue de Tocumen comenzó en el 2020, y hay al menos otra abierta antes por irregularidades en una casa de acogida del interior, según la información judicial.
Desde que Caraballo asumió las directrices de la Fiscalía las investigaciones sobre este escándalo se han acelerado.
La sociedad civil critica severamente el «silencio» de las autoridades calificándolas de «cómplices».
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dio hace semanas unas escuetas y tardías declaraciones sobre este caso que avivaron la indignación social.
«Pedimos a la ciudadanía que tenga confianza en el Ministerio Público», dijo Caraballo, quien aseguró que pedirá responsabilidad penal a todos los involucrados.
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