La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez acudió este lunes a la Fiscalía y se abstuvo de declarar dentro de un proceso que consideró irregular porque lo que correspondería es un juicio de responsabilidades, según lo establecido en la Constitución.
EFE
Áñez se presentó en la tarde en el Ministerio Público en la ciudad de Trinidad, capital de la región amazónica de Beni, atendiendo a una citación por un proceso iniciado en su contra en 2020.
«Esto es un acto fiscal totalmente inconstitucional, puesto que todos sabrán que gozo de juicio de responsabilidades. Pero lo que no he querido es entorpecer la acción, entonces he venido y me he abstenido, como es mi derecho constitucional, a declarar», declaró la exmandataria a los medios.
También indicó que sus abogados presentaron un «incidente de incompetencia» en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, porque lo que corresponden en este caso es un juicio de responsabilidades y no un proceso por la vía ordinaria.
La expresidenta consideró que detrás del proceso está el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Áñez denunció ser víctima de una «persecución política» tras recibir en la mañana una citación que le daba 24 horas para presentarse en la Fiscalía Anticorrupción de Beni para prestar su «declaración informativa», advirtiendo con una orden de aprehensión en su contra si no acudía a la convocatoria.
La citación responde a una investigación iniciada a instancias de la denuncia hecha por el abogado Juan Carlos Mendoza García, que acusó a la exmandataria por el supuesto delito de «desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad».
LOS ANTECEDENTES
El caso data de 2020, cuando se presentaron diversas «acciones populares» contra el Ejecutivo transitorio por la «atención médica» durante la pandemia de la covid-19, explicó a los medios el abogado de Áñez y exministro interino de Justicia Álvaro Coimbra.
Una de aquella acciones «salió positiva para el demandante, luego de eso se presentó una acción de queja contra la expresidenta y hoy hay una denuncia», indicó Coimbra.
La exautoridad sostuvo que les sorprendió que el caso se active en la «instancia ordinaria» teniendo en cuenta que Áñez, «como lo establece la Constitución, goza de un juicio de responsabilidades».
Para Coimbra, es una muestra de que el MAS está «muy preocupado» y busca inhabilitar con procesos judiciales a algunos candidatos que pueden complicar al oficialismo en las próximas elecciones subnacionales del 7 de marzo, en los que Áñez aspira a la gobernación de Beni.
El partido gobernante, que se refiere a la gestión de Áñez como «gobierno de facto», busca enjuiciar a la expresidenta por diversas causas, como los episodios violentos luego de que ella asumiera de forma interina el poder en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
También quieren procesar a la exmandataria y sus ministros por un supuesto daño económico al Estado generado por un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el MAS se negó a aprobar y que el Gobierno transitorio aseguró que era para atender la crisis sanitaria.
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