Los ‘garimpeiros’ (mineros ilegales) asentados en la reserva indígena amazónica de los yanomamis en Brasil han comenzado a huir ante el temor de que las fuerzas del orden les detengan. El Gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que ha resuelto terminar con ese flagelo, trabaja ahora a contrarreloj para estudiar qué hacer con ellos.
En las redes sociales se multiplican los videos en los que se muestra a grupos de mineros intentando abandonar por tierra, río o aire la Tierra Indígena Yanomami, la mayor reserva de Brasil, con un tamaño similar al de Portugal y hogar de unos 27.000 indígenas. Otros piden dramáticamente ayuda para poder hacerlo cuanto antes.
La presencia de los mineros ha provocado una profunda crisis sanitaria entre los indígenas debido a la contaminación que sufren los ríos por el mercurio que usan para separar el oro de las rocas o de la arena, la propagación de enfermedades y la violencia brutal contra ellos.
Llevan décadas ilegalmente instalados en esa y otras reservas, pero durante el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), quien fue ‘garimpeiro’ ocasional de joven, se sintieron respaldados por su discurso a favor de la explotación comercial de las áreas protegidas y aumentaron en número y en poderío.
Más de 1.000 indígenas rescatados
Hasta que la situación se volvió insostenible y se viralizaron escalofriantes imágenes de niños indígenas desnutridos. El Gobierno de Lula declaró el 20 de enero el estado de emergencia sanitaria, y desde entonces más de 1.000 indígenas han sido rescatados.
«Estamos presos aquí y dentro de una semana ya no tendremos más alimentos (…) Son 30 días [para salir] y estamos aquí para pedir ayuda. Los helicópteros piden 15.000 reales para salir de aquí y nadie tiene ese dinero», comenta una mujer minera en Twitter.
El Ejecutivo prohibió la semana pasada el tráfico aéreo y fluvial en esa zona de la Amazonía fronteriza con Venezuela, pero el lunes por la noche la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) abrió durante una semana tres corredores aéreos para permitir que se marchen voluntariamente.
Se espera que la operación para su retirada dure semanas y que se desplieguen más de 500 agentes de la Policía Federal y del Ejército. Este martes deben llegar 100 miembros de la Fuerza Nacional a Roraima, uno de los dos estados, junto al de Amazonas, en los que se extiende la reserva.
El Gobierno cree que para cuando la Policía comience a utilizar la «fuerza coercitiva», el 80 % de los mineros habrán abandonado el territorio. Los buscadores de oro se han convertido en una especie de «villanos» en Brasil, sin embargo, algunos trabajan pacíficamente por su cuenta a pequeña o mediana escala para ganarse la vida en esa región castigada por la pobreza, y otros forman parte de grandes bandas con conexión con el crimen organizado.
«Presencia del Estado»
«Debido a la presión que están sintiendo al no conseguir los insumos buscan alimentos que nosotros enviamos a los indígenas e, incluso, con violencia. Por eso necesitamos la presencia del Estado en la región», aseguró Lucia Alberta Andrade, directora de Promoción y Desarrollo Sustentable de la Fundación Nacional del Indio (Funai).
Por ello, se baraja un beneficio social destinado a los mineros, una opción que no comparten muchos analistas, ya que existe una ayuda, Bolsa Familia, destinada a los más vulnerables.
«Si esos ‘garimpeiros’ tienen dificultad para sobrevivir pueden utilizar esa ayuda, no tiene por qué haber un programa social especialmente para ellos», comentó en O Globo el analista Fernando Gabeira.
Un 46 % del estado de Roraima según datos del gobernador, Antonio Denarium, alineado al anterior Gobierno de Bolsonaro- está formado por territorio indígena y unas 50.000 personas del estado depende de la minería.
«Si no hay alternativa de ingresos volverán a las regiones que acabaron de invadir o acabaran invadiendo otras. Entonces, nunca daremos con una solución al problema que estamos viendo. La Amazonía necesita otras formas de generación de ingresos para su población, que no sea a través de la destrucción», comentó Marcio Astrini, coordinador del Observatorio del Clima.
«Estrangulamiento logístico»
La Funai alerta que el estrangulamiento logístico que el Gobierno les ha impuesto en los últimos días ha agravado el conflicto en la zona. Una posible protesta de los ‘garimpeiros’ -se calcula que son entre 15.000 y 20.000 personas- también preocupa a la administración.
Además, esta misma semana, la Policía viajó a Homoxi, en la reserva indígena, para investigar el homicidio de tres yanomamis, y confirmó que encontró un indígena muerto y a otro gravemente herido tras un supuesto ataque de mineros ilegales.
«Intentamos aterrizar en dos lugares y no lo conseguimos por la inseguridad (…) en algunos lugares es difícil discernir qué es la comunidad indígena y qué es la minería», comentó la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, que se encuentra estos días en la zona.
Y alertó: «Necesitamos una investigación más profunda para saber quién se está lucrando tanto con ese abuso de explotación de trabajo, de esa mano de obra de ‘garimpeiros’, como también de la muerte de los yanomamis».
La crisis sanitaria en la Tierra Indígena Yanomami llevó a la Corte Suprema a abrir una investigación para analizar la posible comisión del delito de genocidio por parte de autoridades durante el Gobierno de Bolsonaro.
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