Las maniobras del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, continúa para postergar la inevitable extradición a los Estados Unidos.
La defensa de Saab logró que un organismo internacional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), revise su caso. El testaferro insiste en que se trata de un caso de vulneración a sus derechos fundamentales.
Ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO, los abogados de Saab solicitaron la adopción de medidas cautelares. Volvieron a esgrimir los mismos argumentos que ya fueron minuciosamente revisados y desestimados por los tribunales de Cabo Verde.
Sus abogados solicitan que se constaten «las constantes violaciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos» cometidas contra su cliente por parte de las autoridades caboverdianas.
Defensa de Saab abusa de organismos regionales con competencia sobre DDHH para evitar que el testaferro de Maduro responda a la Justicia estadounidense por sus actividades de lavado de capitales.
Así, esgrimen que éste ha visto vulnerados derechos fundamentales como el derecho a un juicio justo, a la no discriminación, además de su igualdad ante la ley y haber sido víctima de tortura.
Todos estos movimientos se corresponden con la estrategia anunciada por el jefe de la defensa de Saab, el cuestionado ex juez español, Baltasar Garzón, quien apunta a convertir un caso de lavado de dinero en uno de violación a derechos humanos.
A pesar de las objeciones de los defensores del testaferro, la extradición Saab está blindada en el ámbito del Derecho Internacional.
El proceso se enmarca dentro de la Convención de Palermo, que acuerda la cooperación entre naciones para combatir la legitimación de capitales y al cual tanto EEUU como Cabo Verde están adheridos.
Según los abogados de Saab, el objetivo final es «forzar su declaración contra el mandatario venezolano».
Pero de acuerdo con declaraciones de agentes del Gobierno Federal estadounidense a Primer Informe, Saab ha cooperado desde los primeros días de su captura.
Cuando los agentes federales le pidieron un adelanto de las evidencias que tiene bajo su poder, el empresario suministró información detallada para identificar transacciones financieras y operadores vinculados al régimen de Nicolás Maduro, dijeron las fuentes citadas por el periodista Casto Ocando.
Estados Unidos ha solicitado a Cabo Verde la extradición del empresario, que ha sido aprobada ya pero que está pendiente de la resolución de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo caboverdiano por la defensa legal de Saab, de la que forma parte el exjuez español Baltasar Garzón .
Saab, por su parte, requirió la intermediación del Gobierno de Cabo Verde e, incluso, envió una carta al primer ministro del archipiélago africano, Ulisses Correia, en la que le solicita que respete su supuesta inmunidad diplomática y le permite volver a Venezuela, incidiendo en que es víctima de un proceso «motivado políticamente».
Con información de Europa Press.
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