La defensa del presidente chileno, el derechista Sebastián Piñera, calificó este viernes de «maniobra política mañosa y con claros fines electorales» al juicio político que intenta realizarse en su contra a raíz del escándalo de los Papeles de Pandora.
«No se puede advertir desde ningún punto de vista una actividad ni ilegal, ilícita ni la configuración de ilícitos constitucionales de tal gravedad que supongan la posibilidad de destituir a un Presidente de la República en ejercicio», señaló su abogado defensor, Jorge Gálvez, ante la comisión de cinco diputados que evalúa la acusación constitucional.
«A nuestro juicio, hay situaciones que se intentan forzar, generando algunas confusiones en el plano fáctico (…) Asistimos a una acusación que más allá de un inteligente uso del lenguaje y un serie de recursos para adecuar mañosamente la realidad de los hechos, no establece a ningún hecho constitutivo de ilícitos constitucionales», agregó Galvez.
La acusación tuvo su génesis en las presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.
El mandatario, una de las grandes fortunas de Chile, ha defendido que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado en los Papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en 2017.
El juicio político corre paralelo a una investigación penal impulsada por el Ministerio Público que busca esclarecer posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación financiera.
La comisión a cargo de estudiar la acusación tiene seis días para emitir una resolución una vez que finalice la comparecencia de Galvez, que continuará mañana sábado.
El informe final no tiene carácter vinculante respecto a si procede o no la acusación, siendo el pleno de la Cámara de Diputados el organismo que votará previsiblemente la próxima semana o a principios de la siguiente.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara Baja, controlada por la oposición. De conseguirse, el proceso pasará al Senado, que actúa como juez y donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente.
El debate se da en plena carrera presidencial que celebra su primera vuelta el próximo 21 de noviembre, fecha para la que se espera el libelo acusatorio ya esté en manos del Senado.
Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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