La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) evaluará el jueves en una audiencia la respuesta del Estado de Nicaragua a las medidas de protección que el tribunal ordenó en julio de 2019 en favor de los integrantes de dos organizaciones defensoras de los derechos humanos.
EFE
La audiencia se llevará a cabo de manera virtual y se prevé que los jueces de la CorteIDH conozcan la versión del Estado y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En julio de 2019, la Corte Interamericana dictó medidas provisionales en las que ordenó al Estado proteger la integridad y la vida de los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Estas organizaciones han denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Daniel Ortega en contra de los manifestantes que desde abril de 2018 piden la salida del mandatario y nuevas elecciones, lo que derivó en una crisis sociopolítica que se ha extendido en el tiempo con cientos de muertos y heridos.
En la resolución de 2019, la CorteIDH también ordenó al Estado asegurar la continuidad de las labores de las organizaciones en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones.
Este miércoles, un grupo de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, entre estas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), denunciaron que en Nicaragua existe una «nueva ola represiva por el tercer aniversario de las movilizaciones de abril y el proceso electora».
«Las organizaciones firmantes lamentamos que el Estado de Nicaragua se encuentre en completo desacato de lo dispuesto por la Corte IDH en 2019 en cuanto a la implementación de medidas de protección y que, por el contrario, continúe obstaculizando la labor de las personas defensoras de los derechos humanos en Nicaragua y poniéndoles en riesgo», afirman en un comunicado.
Según el documento, el CENIDH, con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos, «ha sido víctima de constantes campañas de desprestigio, hostigamiento y criminalización», situación que «alcanzó un momento cúspide tras las movilizaciones de 2018, obligando al exilio a varias de sus integrantes»
Posteriormente, la Asamblea Nacional bajo control oficialista canceló la personería jurídica del CENIDH y el gobierno allanó las oficinas y confiscó sus bienes, afirman las organizaciones.
«Contrario a lo mandatado por la Corte IDH, Nicaragua continúa impulsando medidas que obstaculizan el desarrollo de las labores de las personas defensoras, entre otras formas, a través de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, normativa que estigmatiza a las organizaciones que reciban financiamiento extranjero para sostener sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos, y las somete a un sistema de sanciones arbitrarias», denuncia el pronunciamiento.
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