Las limitaciones que ha mostrado el Consejo de Seguridad en el conflicto de Ucrania, donde Rusia, uno de los cinco países con derecho a veto, es juez y parte, ha puesto de nuevo en la agenda multilateral la necesidad de reformar este órgano, garante de la paz y la seguridad, para adaptarlo al nuevo panorama geopolítico.
AFP
La Asamblea General de la ONU está una vez más analizando esta semana dicha reforma, un debate recurrente desde hace décadas. En las reuniones de alto nivel de septiembre, 73 mandatarios se manifestaron a favor de adecuar a la nueva realidad el máximo órgano de la ONU, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
«El mundo está cambiando (…) Los países luchan con desafíos de crisis cada más complejas e interrelacionadas que no se veían en décadas», recordó el jueves el actual presidente de la Asamblea General, el húngaro Csaba Körösi, que designó a los representantes de Eslovaquia y Kuwait para liderar las negociaciones intergubernamentales.
Los cinco miembros permanentes —China, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia— reflejan la dinámica de poder que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Ucrania incluso pone en duda la legitimidad de que Rusia esté sentada en dicho órgano ya que su asiento pertenecía en realidad a la desaparecida Unión Soviética.
¿Pero qué reforma? ¿Ampliar el número de miembros permanentes? ¿Aumentar el número de países que actualmente se sientan en el foro: cinco permanentes y 10 elegidos por periodos de dos años? Las propuestas son variadas y la falta de consenso parece insalvable.
El G4 (Alemania, Brasil, India y Japón) pide una «representación regional equitativa, más transparente y métodos de trabajo más inclusivos» y una propuesta concreta sobre la que se pueda trabajar.
En nombre del Grupo Unidos por el Consenso, que reúne a 40 países, entre ellos Argentina, España, México o Turquía, Italia propone un Consejo de Seguridad de 26 países.
Además de los 15 miembros actuales, habría otros nueve elegidos procedentes de África (3), Asia Pacífico (3), dos de América Latina y Caribe, y uno del grupo de Europa Occidental, que se completarían con dos más de Europa del Este y otro puesto rotativo procedente de los Pequeños Estados.
Los críticos con el aumento del número de miembros permanentes auguran una parálisis del sistema.
Francia propuso en 2013 desistir voluntariamente del derecho a veto en caso de «crímenes masivos». Pese a haber sido defendida por México y apoyada por un centenar de países, hasta ahora, esta propuesta no ha tenido seguimiento.
«Si tienes un Consejo de Seguridad ampliado donde cada miembro tiene poder de veto, simplemente se podría paralizar todo el sistema» y retirar el poder de veto, «simplemente rompería el sistema» porque «cambiaría toda la dinámica del poder» de dicho foro, advierte a la AFP Christopher Sabatini, analista del instituto Chatham House.
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