La excandidata presidencial peruana y líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, comentó este viernes que el inicio del juicio oral en su contra, el próximo 1 de julio por el delito de lavado de activos, es «el camino para acabar con tantas injusticias» que dice haber recibido por este caso.
EFE
En declaraciones a la prensa, Fujimori dijo que el proceso por el denominado caso Cócteles, referido a los aportes irregulares de empresas como Odebrecht a sus campañas electorales de 2011 y 2016, ha representado «muchos años de injusticias, de arbitrariedades, de abusos».
«Estuve tres veces injustamente en prisión, más de 16 meses alejada de mis hijas, y no solamente quien habla. Más de 40 personas de Fuerza Popular hemos sufrido una serie de abusos», declaró la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
La también excongresista subrayó si algo les ha caracterizado, en este proceso, ha sido «siempre dar la cara» y que «así lo vamos a seguir haciendo».
«Pero quiero también resaltar que, después de tantas injusticias, creo que finalmente este proceso, que llega a su etapa final, es en parte el camino para acabar con tantas injusticias», expresó Fujimori tras acudir a una ceremonia en el Congreso por el 30 aniversario de la promulgación de la actual carta magna.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la juez Nayko Coronado, programó para el 1 de julio, a las 09:00 horas (14.00 GMT), la instalación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 imputados por el delito de lavado de activos, precisó el jueves el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.
El juicio oral contra Fujimori responde a los millonarios aportes que presuntamente recibió de empresas como Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, y en las que su entorno más cercano en el partido Fuerza Popular participó aparentemente como intermediario.
Para justificar ese dinero en las cuentas del partido, los comandos de campaña organizaron cócteles con simpatizantes, de ahí que el juicio esté denominado como el Caso Cócteles, y también recurrieron a amigos y conocidos para que simulen el aporte de grandes sumas de efectivo.
A raíz de los cargos, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido 30 años y 10 meses de prisión contra la heredera política del expresidente Fujimori, recientemente excarcelado a raíz de un indulto, y la disolución del partido Fuerza Popular, bajo el argumento de que ha sido creado por una presunta organización criminal.
Fuerza Popular es actualmente una de las bancadas más numerosas en el Congreso y ejerce oposición contra el Gobierno de Dina Boluarte, que sucedió en el cargo a Pedro Castillo (2021-2022), el postulante que venció a Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales del 2021.
El plazo establecido por la sala para el inicio del juicio oral responde a su complejidad por el número de acusados y por el hecho de que cinco de los denunciados están fuera del Perú y se requiere su presencia en el país.
La fiscalía ha citado a 1.031 testigos en el proceso, entre los que se encuentran los ex directivos de Odebrecht, y otros representantes de compañías peruanas que aportaron a la campaña electoral de Fujimori.
El exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró en 2018 a la justicia peruana que entregó 1,2 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, así como lo hizo con los entonces candidatos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
La excandidata presidencial respondió entonces que no había recibido dinero del dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ni de Barata, ni de la compañía en mención, y recordó que el mismo Barata había dicho que ella era una mujer «fría y distante», que nunca le pidió dinero directamente.
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