El juez del proceso penal por la masacre de 1.000 salvadoreños en El Mozote (1981), Jorge Guzmán, requirió al presidente Nayib Bukele entregar los archivos supuestamente relacionados con la matanza y que «desclasificó», según informó uno de los abogados de las víctimas.
EFE
El pasado 24 de septiembre, el mandatario presentó en una cadena nacional de radio y televisión cinco cajas pequeñas con documentos y se comprometió a entregarlos al juez Guzmán y la Fiscalía General de la República (FGR).
Casi un mes después de dicha comparecencia, el juzgador y el Ministerio Público aseguran que no han recibido los archivos «desclasificados».
«Este día hemos sido notificadas las partes en el proceso judicial de El Mozote que el juez ha ordenado requerir al presidente Nayib Bukele que entregue los supuestos archivos», dijo a la prensa el abogado David Morales, representante de las víctimas y miembro de la organización Cristosal.
Agregó que «es falso que esta supuesta evidencia documental, que habría mostrado el presidente Bukele, haya sido entregada al tribunal» y tampoco los representantes del Ministerio Público «tienen conocimiento que se haya entregado a la Fiscalía».
«El presidente no ha desclasificado nada, no ha entregado nada al tribunal. Son falsas las afirmaciones», agregó Morales.
Dos altos funcionarios del Gobierno han asegurado públicamente, al igual que lo ha señalado un nuevo periódico oficialista, que los documentos fueron remitidos al tribunal.
Esta afirmación también fue hecha por militares que bloquearon el ingreso a unidades militares en los que el juzgador había ordenado inspeccionar sus archivos.
«El tribunal no tiene ninguna documentación de la que él (Bukele) mencionó en conferencia de prensa que nos iba a entregar», dijo el juzgador el pasado 12 de octubre.
Tras impedir la diligencia judicial en cuatro unidades militares, el Gobierno permitió la inspección del civil Archivo General de la Nación, donde se han recabado «pruebas de contexto», de acuerdo con Morales.
Se esperaba que la diligencia concluyera este miércoles pero el juez y los peritos encargados de procesar la documentación continuarán el proceso el jueves.
El juez Guzmán también debe señalar si la próxima semana visitará dos unidades militares en los departamentos orientales de San Miguel y Morazán, donde fue perpetrada la matanza.
La organización Tutela Legal «María Julia Hernández», que históricamente ha acompañado a las víctimas y es parte del proceso, pidió el lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que dicte medidas de protección para los documentos relacionados con la masacre.
Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por esta matanza, considerada como la mayor masacre de civiles registrada en Latinoamérica en el siglo XX.
En el proceso, que se espera que sea elevado a juicio a finales del año, más de cuarenta personas han testificado, que estuvo cerrado por más de 20 años por una ley de amnistía y que tras su anulación en 2016 por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema fue reabierto.
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