Un juez en Bolivia emitió este viernes un mandamiento de comparendo para que el expresidente Evo Morales (2006-2019) se presente a declarar como testigo en un caso de «trata de personas», en el que se acusa a su expareja Gabriela Zapata por intentar hacer pasar a un niño como hijo del también líder del oficialismo.
Junto a la orden que dictó la jueza Inés Tola Fernández, de la jurisdicción de La Paz, se emitió otro mandamiento hacia el exvicepresidente Álvaro García Linera, quien también deberá presentarse como testigo el próximo lunes a las 14.00 hora local (18.00 GMT).
En ambos mandamientos judiciales se «advierte» que en caso de que Morales y García Linera no se presenten «se declarará su compulsión y se expedirá mandamiento de aprehensión» y enviará ese antecedente para que se los procese «por el delito de desobediencia a Autoridad Judicial».
En este proceso, Evo Morales inicialmente fue el acusador de Zapata, al considerar que la mujer junto a otras personas fueron parte de un montaje para presentar en 2016 en un juzgado a un niño como si fuera hijo de ambos y que supuestamente nació en 2007.
Sin embargo, la mujer luego se retractó de esas afirmaciones y sostuvo que el supuesto hijo en realidad nunca nació, pese a que muchas veces ella, Morales y algunos altos funcionarios de su Gobierno sostuvieron enfáticamente lo contrario.
A principios de enero, el ministro de Justicia, Iván Lima, en un mensaje en la red X, que fue borrado a posterior, pero registrado por los medios bolivianos, dijo que los apoderados que tenía Morales en 2016 dejaron de presentarse y ocasionaron «la suspensión y demoras en el juicio».
Otro proceso
Gabriela Zapata fue detenida en febrero de 2016 y condenada en 2017 a diez años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La que fuera novia de Morales entre 2005 y 2007 fue acusada por el Ejecutivo de usar los predios de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para hacer tratos ilegales con empresarios, oficinas que hace muchos años servían como despacho de la primera dama.
Según el entonces Gobierno de Morales, los altos cargos de ese ministerio nunca se enteraron de que Zapata hacía negociaciones en esas oficinas.
La Fiscalía señaló en su momento que Zapata no pudo explicar la procedencia de 2 millones de dólares en sus cuentas, ya que la suma no correspondía con el salario que percibía como gerente comercial de una filial de la constructora china Camce.
Esa empresa se adjudicó varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por 566 millones de dólares.
La oposición denunció entonces un supuesto tráfico de influencias vinculado a Morales, pero él siempre rechazó esa acusación y el Parlamento, controlado por su partido, concluyó en una investigación que ese delito no existió.
Por este caso, Zapata estuvo cinco años en prisión, pero en noviembre de 2021 salió bajo libertad condicional. EFE
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