La paz en Colombia tiene «enemigos», lamentó este martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al reconocer a las víctimas de la violencia que siguió al acuerdo que hace cinco años marcó el fin del mayor ejército rebelde del continente.
AFP
Guterres alertó sobre esta amenaza al mismo tiempo que Estados Unidos anunciaba desde Washington su decisión de excluir a las FARC de su lista de organizaciones terroristas, un gesto que esperaban desde hace un tiempo los miembros de la ya disuelta guerrilla.
Tanto la visita a Colombia del jefe de la Organización de Naciones Unidas como el mensaje del gobierno de Joe Biden marcaron el día previo a la conmemoración de los cinco años del pacto que menguó sensiblemente el último conflicto armado de América que ha dejado cientos de miles de víctimas.
«El objetivo de la paz es evitar que haya enemigos en una sociedad, pero desafortunadamente hay enemigos de la paz», dijo Guterres.
Acompañado del presidente de Colombia, Iván Duque, y de Rodrigo Londoño, el excomandante de las FARC que ahora dirige el partido que surgió de los compromisos de paz, el secretario de la ONU visitó una zona rural donde exguerrilleros completan su proceso de integración económica y social.
Junto a ellos estuvo el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz, Eamon Gilmore.
Desde las montañas del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, Guterres se solidarizó con los excombatientes, activistas de derechos humanos e indígenas, víctimas frecuentes de ataques.
Estos tres grupos están en la mira de los grupos que se mantienen en armas, gracias a los recursos del narcotráfico y la minería ilegal.
«A pesar de que tenemos casi 300 firmantes (de paz) asesinados (…) nos mantenemos en el compromiso», afirmó Londoño durante una intervención.
«Estaremos hasta el final, por encima de los obstáculos que se presenten, por encima de lo que pase, no nos saldremos de los compromisos que hemos hecho ante Colombia y ante el mundo», enfatizó.
Londoño, también conocido como Timochenko, firmó la paz junto al entonces presidente Juan Manuel Santos. El acuerdo contiene múltiples reformas rurales y políticas, y fórmulas contra el narcotráfico, para superar un conflicto que se inició en los años sesenta por la propiedad de la tierra.
Duque y un gesto de EEUU
El presidente colombiano, que intentó en vano modificar el acuerdo de paz por el trato benevolente que según él le reservaba a guerrilleros implicados en delitos atroces, también repudió la reciente violencia.
«A todos nos enluta cuando vemos los hechos de violencia contra personas que han estado en proceso de reincorporación o a quienes ejercen el liderazgo en el territorio», dijo Duque.
Y en un inusual guiño a Londoño, agregó: «Todos los aquí reunidos tenemos ese rechazo claro a la violencia».
Duque alentó la campaña que se opuso a los acuerdos y que triunfó en un plebiscito previo a la firma que selló la paz el 24 de noviembre de 2016.
El resultado electoral obligó a hacer algunos ajustes a lo negociado en La Habana y dividió a sociedad colombiana en una polarización que todavía persiste.
En la recta final de su gobierno Duque ha morigerado sus críticas. «Le hemos hecho una apuesta total a que la reincorporación (de los exFARC) tiene que ser exitosa», sostuvo este martes.
El acuerdo condujo a la desmovilización, en 2017, de 13.000 hombres y mujeres, entre ellos unos 7.000 combatientes que ese año entregaron sus fusiles a la ONU para su posterior fundición.
A tono con la conmemoración del convenio, el gobierno estadounidense notificó al Congreso su intención de retirar a las antiguas FARC de su lista de agrupaciones terroristas, señaló a la AFP una fuente legislativa.
Los rebeldes están en esa lista desde 1997, y su salida en teoría facilitará la financiación de los proyectos de los excombatientes.
Poco antes de conocerse el anuncio, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, había ratificado el respaldo a Colombia en su tarea de pacificación.
«Seguimos plenamente comprometidos a trabajar con nuestros socios colombianos en la aplicación del acuerdo de paz», dijo.
Aunque todavía quedan diez años para que se cumpla el plazo acordado para las reformas, el país siente un importante alivio en la violencia, si bien persisten la amenaza de organizaciones como las disidencias de las FARC que se marginaron del pacto.
Exguerrilleros y decenas de militares se sometieron a la justicia especial de paz que investigan delitos de guerra y de lesa humanidad. Quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas podrán recibir penas alternativas a la prisión. El tribunal se apresta a dictaminar sus primeras sentencias.
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