La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez denunció este miércoles ante una comisión de diputados la vulneración de sus derechos y una serie de obstrucciones de las que dijo ser víctima en la cárcel donde se encuentra recluida de forma preventiva.
EFE
Parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ingresaron esta tarde a la cárcel de mujeres de Miraflores, en el barrio homónimo en La Paz, para verificar la situación de la exmandataria, dijo a los medios la legisladora opositora Janira Román, que participó en la visita junto a otros dos oficialistas.
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Román, que pertenece a la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), sostuvo que Áñez les denunció que hay «una obstrucción a través de la burocracia» a algunos de sus derechos como la atención oportuna de sus médicos, «ya que todo tiene que ir por una orden superior, todo tiene que ser respaldado por médicos gubernamentales».
«También menciona que se están vulnerando sus derechos al tenerla totalmente incomunicada, no la dejan acceder ni siquiera a una radio», afirmó la diputada.
Según Román, la exmandataria interina les aseguró que «sus derechos no son los mismos que los de los demás privados de libertad» porque ella se considera «una perseguida política».
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Áñez también reclamó porque no se cumplió la orden judicial para su traslado a un hospital ante los problemas de salud por la hipertensión que padece y denunció que fue «torturada psicológicamente» durante tres días en los que le impidieron el acceso a los medicamentos que toma desde hace una década, indicó la parlamentaria.
Además les ratificó que es inocente y que «no tiene nada que ver con ningún golpe de Estado», pues no se encontraba en La Paz en los días previos a la renuncia de Evo Morales en 2019.
Áñez cumplió el martes un mes de detención por el caso llamado «golpe de Estado» basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social que se produjo a finales de 2019 y que derivaron en la renuncia de Morales a la Presidencia y la anulación de los comicios de ese año en medio de denuncias de fraude.
El Gobierno de Luis Arce y el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) consideran que aquella crisis fue un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que sus detractores aseguran que la renuncia fue consecuencia del fraude.
Según Román, se verificó «una mejora en cuanto a la atención» que recibe la exmandataria en prisión y que su salud «ha mejorado», pero eso fue gracias a las gestiones realizadas por su defensa.
Las autoridades nacionales y el oficialismo han asegurado varias veces que los derechos de Áñez están siendo respetados y que no se trata de una persecución política, sino de una búsqueda de «justicia» por los sucesos de 2019.
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