Esta semana se conoció que la Fiscalía General de la Nación tiene menos de 15 días para decidir sobre el destino del proceso judicial que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude procesal. Sin embargo, ahora el caso tiene un nuevo capítulo después de que se conociera que la defensa del expresidente presentó una acción de tutela para tumbar la decisión del juez que le mantuvo la imputación de cargos después de que su proceso pasara de la Corte Suprema de Justicia al ente acusador. Ahora la defensa del senador Iván Cepeda presentó un recurso para negar las pretensiones de Uribe.
La defensa de Uribe, en manos del conocido Jaime Granados, dice que en la decisión del Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, se vulneró el derecho al debido proceso al declarar que la investigación contra el exmandatario quedaba en etapa de imputación de cargos, al pasar a la Ley 906 de 2004. El proceso lo llevaba el antiguo sistema penal acusatorio (Ley 600) cuando el caso lo llevaba la Corte Suprema de Justicia, antes de que Uribe renunciara al Senado.
El juez dijo que la indagatoria que se le hizo a Uribe en la CSP junto con una audiencia de formulación de imputación de cargos es equiparable a la indagatoria que se realiza en el sistema acusatorio, pero Uribe dice que el funcionario judicial incurrió en un “defecto orgánico” por decidir sin competencia. Y, aquí es donde se centra la discusión judicial: la defensa del líder dice que la petición que se formuló en dicha audiencia no era para saber si se equiparaba o no la indagatoria, sino para decidir sobre la libertad el expresidente después de que en agosto de 2020 se le dictara medida de aseguramiento y afirmaron que eso le correspondía a la Fiscalía.
Ante esto, el portal KienyKe conoció del movimiento jurídico del congresista Cepeda, quien actúa como víctima en el proceso, y se trata de un documento enviado al Tribunal Superior de Bogotá pidiéndole que niegue la tutela del expresidente Uribe. En su respuesta Cepeda contrarió el último argumento de Granados y dijo que la audiencia no trataba solo sobre la libertad del expresidente sino que se centró en una discusión “estructural” y que por eso se habló de la equiparación entre los dos sistemas (Ley 600 y Ley 906).
La defensa de Cepeda indica que todo este “malotaje jurídico” lo generó el mismo Álvaro Uribe. KienyKe compartió parte del documento en el que se lee esta afirmación. “Debe tenerse presente que todo este matalotaje jurídico en el que se ha visto avocado el proceso que se adelanta contra el doctor Uribe, fue provocado por el propio procesado al renunciar a su curul de senador con el objetivo inocultable y evidente de rehuir la competencia de la Corte Suprema de Justicia y aterrizar en la pista de la Fiscalía General de la Nación para alegar que lo actuado en la Corte Suprema de Justicia carece de validez y que dichas actuaciones no pueden ser adoptadas o adecuadas a las etapas procesales de la ley 906 del 2004″.
Finalmente Cepeda dijo desde su documento que aceptar la tutela de Uribe podría dar paso a una “desestabilización del sistema jurídico penal” porque el evitar la posible adecuación de las etapas procesales de la Ley 600 a las etapas de la 906 es un paso muy grande para la impunidad porque se perderían años de investigación en casos como este donde pasa de una ley a otra.
“Si se adopta la postura de que no es posible adecuar las etapas procesales de la ley 600 del 2000 a las etapas de la ley 906 del 2004, se provocaría una profunda inseguridad jurídica, pues a los aforados investigados por la Corte les bastaría renunciar a sus cargos para perder el fuero y pasar a manos de la Fiscalía a sabiendas que de ese modo todo lo actuado por la Corte pierde vigencia o efectos”, señala la defensa.
Por ahora el Tribunal Superior de Bogotá admitió la tutela y el delegado de la Fiscalía, Gabriel Jaimes apoyó la teoría de la defensa de Uribe y envió un concepto al Tribunal expresando que no se pueden equiparar ambos procesos porque la imputación es parte clave del proceso y argumenta que no se puede comparar con la indagatoria porque son estructuralmente distintas.
Por ahora, este jueves el senador Cepeda se pronunció diciendo que Jaimes “está trabajando directamente para archivar este proceso, anular todas las pruebas recaudadas y lograr, para decirlo claramente, la impunidad del exsenador Álvaro Uribe”, además dice que no hay garantías para las víctimas en el proceso.
“Finalmente, como lo he afirmado en otras oportunidades, reitero que en esta actuación debe primar el respecto irrestricto por la justicia, sus magistrados y sus decisiones. Por tanto, ninguna actuación parcializada en la Fiscalía impedirá que acuda a todos los recursos, procedimiento y mecanismos judiciales previstos en la ley”, concluyó Cepeda.
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