El régimen de Irán no cesa su persecución contra las mujeres. En las últimas horas condenó a pena de muerte a la activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres Varishe Moradi, acusada de “rebelión armada contra el Estado”.
“Varishe Moradi, activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres, ha sido condenada a muerte hoy”, informó este domingo la cuenta de X de la encarcelada premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, gestionada por su familia.
El mensaje destacó que Moradi recientemente realizó una huelga de hambre que duró 20 días, en protesta, precisamente, por las sentencias de muerte dictadas contra activistas.
La activista kurda fue detenida el 1 de agosto de 2023, mientras viajaba de la ciudad de Marivan a Sanandaj, y desde agosto del año pasado se encuentra en la prisión de Evin. Su trabajo incluye proyectos comunitarios enfocados en la transformación social, a menudo en conflicto con la postura del régimen iraní sobre los derechos de las mujeres y la autonomía kurda.
El incremento en las condenas a muerte de mujeres coincide con la represión tras las protestas de 2022, desencadenadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurda. Durante dichas protestas, el Kurdistán iraní fue escenario de duros enfrentamientos, y la región ha experimentado una continua persecución de activistas kurdos.
Organizaciones de derechos humanos como el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Nueva York, han denunciado las acusaciones de “rebelión armada” como infundadas. Según el abogado iraní Saeid Dehghan, las actividades de estas mujeres eran de naturaleza civil y no había armas involucradas, argumentando que el gobierno iraní emplea el cargo de rebelión para silenciar la disidencia.
En el 2023, al menos 345 personas han sido ejecutadas en Irán, según el grupo Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega, lo cual, según CHRI, refleja un uso desproporcionado de la pena de muerte contra minorías étnicas, particularmente los kurdos.
Además de Moradi, Pakhshan Azizi, trabajadora humanitaria, es una de cuatro mujeres acusadas de “rebelión armada” contra la República Islámica. La activista laboral Sharifeh Mohammadi también ha sido condenada a muerte, mientras que la manifestante Nasim Gholami Simiyari espera su sentencia.
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