Aurelia Paccohuanca Florez es una víctima de la campaña de esterilizaciones forzadas que el expresidente Alberto Fujimori implantó en Perú entre 1996 y 2000. Bajo amenazas, el Gobierno le ligó las trompas, como parte de un plan que tenía como objetivo manifiesto la planificación familiar, pero que en la práctica dejó sin la posibilidad de tener hijos a 300.000 mujeres, la mayoría de ellas pobres e indígenas. Paccohuanca Florez fue años más tarde presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco (AMAEFC) y dio su testimonio contra Fujimori en varias ocasiones. La Justicia, sin embargo, archivaba siempre las investigaciones. Hasta ahora. La semana pasada, el fiscal Pablo Espinoza denunció penalmente a Fujimori a sus exministros de salud por lesiones graves a 1.307 mujeres.
“Ya van a ser 24 años en la lucha: ningún fiscal había sido capaz de abrir esta audiencia”, dice Paccohuanca Florez por teléfono desde el distrito de Ancahuasi, en la provincia de Anta, Cusco. La dirigente se reunió con otras cuatro mujeres en Anta para escuchar en un móvil los cargos contra el expresidente, hoy preso por delitos de lesa humanidad. En Anta surgieron las primeras denuncias por esterilizaciones forzadas a fines de los años noventa, y la asociación a la que pertenecen tiene unas 2.000 integrantes.
La audiencia judicial cuenta con dos intérpretes de quechua. Para Paccohuanca Florez ha sido una decisión “excelente”, porque la mayor parte de las víctimas no habla español. El fiscal, citando los primeros informes de la Defensoría del Pueblo sobre las esterilizaciones forzadas, sostuvo que la denominada ‘Política de salud reproductiva y planificación familiar’ de Fujimori se dirigió solo a mujeres pobres, con lengua materna indígena o monolingües, rurales o residentes en la periferia de las ciudades y sin acceso a educación.
“Nos ha alegrado que el fiscal haya puesto de su parte, él sí se ha puesto la mano al pecho. Varias veces hemos ido a la Fiscalía, a la Defensoría, al Ministerio de la Mujer, pero cuántas veces archivaron. Hemos hecho protestas en Lima y hasta he ido a Estados Unidos a presentar el caso”, añade Paccohuanca, cuya lengua materna es el quechua. Sin embargo, la firmeza de su voz ante la posibilidad de lograr justicia disminuye ante la pregunta de la circunstancia en que la esterilizaron. “Ya ni quiero recordar, mi cabeza me duele. El trauma queda en mi cabeza y me pongo triste”, expresa.
En 2011, Paccohuanca relató a la BBC que en 1998 unas enfermeras llegaron a su pueblo y la conminaron a esterilizarse porque ya tenía cuatro hijos. “Yo no quise y les dije que no quería. Estuve escapándome (varias semanas), pero me alcanzaron con la ambulancia y a la fuerza me subieron”, contó. “Me hicieron quitar toda la ropa, tenía miedo y nervios, me puse a llorar”, describió aquella vez. Luego de que la ligaron, por años sintió malestares y dolor. “En 2008 me operaron porque tenía inicios de cáncer y he perdido el útero. Nadie tomaba interés, tuve que ir a pedir apoyo a un ministro de salud para ir a un hospital”, comenta.
Las secuelas las vive hasta hoy. “Ya no sirvo para levantar peso, mi cuerpo se siente mal, no resisto el calor ni las bebidas calientes, tengo las defensas bajas, se me hinchan los pies y las manos. Sigo hasta ahora con esa dolencia en mi cuerpo”, agrega. Paccohuanca hoy pide solidaridad para la causa de miles de mujeres como ellas: “Que no se olviden de nosotros: estamos buscando justicia y reparación”.
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