La Iglesia católica francesa venderá sus activos inmobiliarios o posiblemente obtendrá un préstamo para financiar la compensación de miles de víctimas de abuso sexual infantil a manos del clero, dijeron obispos el lunes.
Los funcionarios de la iglesia han estado bajo una creciente presión para compensar a las víctimas después de que una investigación histórica realizada por una comisión independiente confirmara un extenso abuso sexual de menores por parte de sacerdotes que data de la década de 1950 a 2020.
Por otro lado anunciaron que han decidido pedir al Papa que los ayude a examinar el tratamiento dado a las víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia y avanzaron la creación de grupos de trabajo que contribuyan a renovar su gobernanza local y nacional.
La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, celebrada desde el pasado martes en Lourdes y clausurada hoy con el discurso de su presidente, Éric de Moulins-Beaufort, entonó de nuevo el mea culpa por los casos de pederastia registrados y mostró su voluntad de avanzar con prácticas renovadas.
”Hemos decidido pedir al Papa, puesto que somos nombrados por él, que venga en nuestra ayuda enviando a alguien de su confianza para examinar con nosotros la forma en que hemos tratado y tratamos a las víctimas y a sus agresores”, dijo.
Los participantes en el encuentro apostaron también por la constitución de grupos de trabajo dirigidos por una persona laica “encargados de reflexionar sobre diferentes aspectos de la gobernanza local o nacional y hacer propuestas concretas”.
”No estamos formados como investigadores, fiscales o jueces de instrucción. (…) El perdón de Dios no puede servir de pretexto para escapar a la justicia de los hombres. Salimos ganando si nos ponemos a disposición con confianza de los servicios judiciales y policiales de nuestro país”, añadió De Moulins-Beaufort.
Esta asamblea estuvo centrada en las agresiones denunciadas por la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciase), que en su informe de octubre, encargado por la propia Conferencia Episcopal, cifró en más de 216.000 los casos desde 1950.
Si se tienen en cuenta los abusos perpetrados por laicos que trabajaban en ámbitos religiosos, ese número se eleva hasta los 330.000.
El pasado viernes, los obispos reconocieron la responsabilidad institucional de la Iglesia Católica en esas prácticas, y este lunes subrayaron que se han visto obligados a constatar que “se cometían actos de violencia y de agresiones sexuales sobre menores en proporciones aterradoras”.
”Debemos asumir ese mal existente para liberar a quienes lo han sufrido”, recalcó el presidente de la Conferencia Episcopal, que destacó que dan ese paso teniendo en cuenta de que, “sin ser conscientes, eran cómplices” de lo sucedido.
De Moulins-Beaufort añadió que el trabajo emprendido continuará hasta la primavera de 2023, con un encuentro entonces en que se evaluará lo conseguido y se “transformará en decisiones lo que deba cambiarse”.
De acuerdo con un sondeo difundido por el diario católico La Croix el pasado 28 de octubre el 85 % de los católicos encuestados estaban enfadados tras la publicación del informe y el 76 % consideraba que la reacción de la jerarquía eclesiástica no había estado a la altura.
El reconocimiento de la responsabilidad “civil y social” de la Iglesia católica en lo sucedido era una de las recomendaciones de la Ciase, que también abogaba por revisar el secreto de confesión para que no pueda ser aplicado en caso de la comisión de delitos.
Las 485 páginas de ese informe reflejaban un panorama “aterrador”, según el presidente de la comisión, Jean-Marc Sauvé, según el cual esas prácticas no eran cosa del pasado. “Las violencias sexuales en la iglesia no han sido erradicadas”, advirtió en su presentación a principios de mes.
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