Las Fuerzas de Apoyo Rápido, una antigua milicia sudanesa acusada de crímenes contra la humanidad en Darfur y de represión en las protestas de 2019 ahora reconvertida en cuerpo militar regular, sigue practicando detenciones ilegales y violando los derechos humanos de los arrestados, denunció este lunes Human Rights Watch (HRW).
«Las Fueras de Respuesta Rápida, actuando sin autoridad legal, detuvieron arbitrariamente a docenas de civiles, incluidos activistas políticos, en la capital, Jartum durante 2020», uno de los cuales murió bajo su custodia con signos de haber sido torturado, aseguró la ONG defensora de los derechos humanos en un comunicado.
«Los detenidos estuvieron incomunicados o en circunstancias que constituyen desapariciones forzadas», agregó la organización, que pidió al Gobierno sudanés «medidas urgentes» para que dicho cuerpo deje de actuar fuera de la ley y libere a todos los civiles que haya detenido.
«Es completamente inaceptable que fuerzas militares mantengan a civiles bajo custodia en vez de entregarlos a las autoridades civiles o los liberen si eso no es posible», criticó la directora de Human Rights Watch para el cuerno de África, Laetitia Bader.
Las Fuerzas de Apoyo Rápido nacieron de las milicias de las Yanyauid (Janjaweed), acusadas de cometer matanzas y violaciones masivas en el conflicto de Darfur (2003-2008) y tras el derrocamiento del exdictador Omar al Bashir, en abril de 2019, se reconvirtió en el proceso de transición en una fuerza militar regular.
Su líder, Mohamed Hamdan Daqlo, alias «Hemedti» se convirtió en vicepresidente de la Junta Militar que comparte el poder con un Gobierno de transición civil.
En junio de ese mismo año, sus miembros arrasaron una acampada permanente de protesta frente al cuartel del Ejército en Jartum causando más de un centenar de muertos.
HRW ha entrevistado a cuatro personas que han sido arrestadas por esta fuerza, a dos familiares de detenidos y a un abogado, que le relataron múltiples violaciones de los derechos humanos como malos tratos físicos, detención incomunicada por periodos que van de una semana a un mes y denegación de acceso a un abogado.
La ONG subrayó que, tras la muerte en diciembre pasado de una persona mientras estaba bajo custodia de las Fuerzas de Apoyo Rápido, con evidentes signos de tortura, el fiscal general sudanés emitió una instrucción en la que restringía explícitamente la autorización para arrestar a civiles a las fuerzas policiales y de las fiscalías.
Sin embargo, Human Rights Watch aseguró que no ha podido confirmar si se ha tomado alguna medida para asegurarse del cumplimiento de la orden del fiscal, como la inspección de lo que denominó como «centros de detención ilegales» de dicha fuerza. EFE
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