Griselda Heredia y Kevin Gallo, la madre y el hermano del gendarme secuestrado por la dictadura de Venezuela, serán recibidos mañana por los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) para interiorizarse sobre las gestiones que tiene en marcha el gobierno para conseguir que el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello liberen al uniformado argentino.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el encuentro se concretará al mediodía en la sede del Ministerio de Seguridad, en la ciudad de Buenos Aires. Y posiblemente autoridades de la provincia de Catamarca, que oficiaron de nexo con el Gobierno nacional, también participen de la reunión.
Será en medio de la incertidumbre y la tensión política que todavía rodea al caso y de que la esposa de Gallo, la venezolana María Alexandra Gómez García repitiera que necesitan saber cómo se encuentra su esposo tras ser retenido por fuerzas chavistas el 8 de diciembre cuando cruzó la frontera desde Colombia para ir a visitarla a su casa en la ciudad de Táchira. “No vamos a dejar de pedir una prueba de vida y su liberación inmediata”, apuntó.
Además, en las últimas horas, el ministerio de Seguridad denunció al ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por el delito de traición a la Patria. La acusación, presentada ante la Justicia Federal, sostiene que Laborde habría actuado en contra de los intereses nacionales al intervenir de manera no autorizada en el caso.
“La actuación de Laborde, lejos de contribuir a resolver la situación, validó sin fundamento alguno las acusaciones del régimen venezolano y menoscabó los intereses nacionales. Estas acciones no solo representan una deslealtad al Estado argentino, sino que, al intentar justificar actos de desaparición forzada, se enmarcan en conductas que contravienen los principios de justicia y derechos humanos que nuestro gobierno defiende”, se indicó en la denuncia, firmada por Fernando Soto en representación de esa cartera.
Mientras tanto, en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa admitió que la situación sigue siendo “extremadamente compleja” y que “por ahora no tenemos nada más para decir” sobre la situación.
El caso comenzó cuando el cabo primero de Gendarmería viajó para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de dos años. Gómez García, de nacionalidad venezolana y residente en Argentina desde hace más de cinco años, quien había gestionado una carta de invitación para que Gallo, de 33 años, pudiera ingresar al país con fines recreativos, de acuerdo a lo que informó Infobae con los documentos que proporcionó el ministerio que encabeza Bullrich. El itinerario del viaje, que incluía un ingreso por el Puente Internacional Simón Bolívar desde Colombia, fue debidamente informado y autorizado.
Pero luego de cruzar la frontera el 8 de diciembre, Gallo fue detenido. Según el relato de su familia, las autoridades le confiscaron su teléfono y equipaje, y posteriormente lo trasladaron en un vehículo sin identificar. Desde entonces, su paradero ha sido incierto, y las autoridades venezolanas lo han acusado de espionaje, sin proporcionar información oficial sobre su situación procesal ni las condiciones de su detención.
Los certificados, a los que tuvo acceso Infobae, fueron reunidos por el ministerio de Seguridad y remitidos al ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país encargado de la custodia de la embajada argentina en Caracas e intermediario entre ambas naciones frente a este conflicto.
Ante la falta de información sobre el paradero de Gallo, Gendarmería presentó una acción de habeas corpus en la provincia de Mendoza, argumentando que la detención constituía una desaparición forzada de persona, en violación de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Inicialmente, un juez federal rechazó la acción, alegando falta de jurisdicción, ya que los hechos ocurrieron fuera del territorio argentino. Sin embargo, la Cámara Federal de Mendoza revocó esta decisión, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a un Estado investigar y juzgar crímenes graves como la desaparición forzada, independientemente del lugar donde hayan ocurrido.
En su resolución, la Cámara destacó que la jurisdicción universal está consagrada en la Constitución Nacional y en la Ley 26.200, que implementa el Estatuto de Roma en Argentina. Además, subrayó la gravedad de la situación, señalando que los derechos fundamentales de Gallo, como la vida, la integridad personal y la libertad, estaban en peligro.
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