El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que espera que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana proponga la metodología a aplicarse en el proceso ampliado de diálogo con el movimiento indígena, que empezará este jueves para intentar resolver una serie de demandas históricas.
Así lo señaló el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una rueda de prensa en la que presentó al equipo del Ejecutivo que trabajará directamente en atender el proceso de diálogo, acordado entre las partes hace una semana y que puso fin a 18 días de protestas en el país.
Entre el 13 y el 30 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lideró una «movilización social indefinida», con la que exigía soluciones concretas a un pliego de diez demandas que incluían la reducción del precio de las gasolinas y frenar las actividades extractivistas (petróleo y minería), sobre todo en la Amazonía.
La protesta se desarmó tras el compromiso del Gobierno de atender las demandas, que calificó de justas, tras un primer proceso de diálogo bajo mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el que se acordó la conformación de la mesa técnica ampliada que comienza este jueves.
«Tenemos la voluntad de solucionar los problemas. Por ello, junto a los ministros trabajaremos para la instalación de las mesas técnicas» de diálogo, señaló Jiménez tras remarcar que «este proceso es prioritario para el país» y para el Gobierno.
El Ejecutivo participará en estas mesas de diálogo «con el firme propósito» de encontrar soluciones concretas a los temas que más preocupan a «sectores históricamente relegados» como el indígena, añadió Jiménez.
«Reiteramos la voluntad de trabajar por la paz y por el desarrollo del país», apuntó el ministro tras indicar que este jueves se instalará primero una mesa de coordinación y que posteriormente se definirán los espacios temáticos y los responsables de cada área.
La mesa de diálogo se instalará en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito y en ella se determinará la hoja de ruta de los diálogos durante los 90 días establecidos en el acuerdo.
Tras concluir las protestas, el Gobierno aceptó parcialmente algunas demandas del movimiento indígena y, sobre todo, redujo en 15 centavos de dólar el precio de los combustibles subsidiados, de modo que de la gasolina regular pasó a costar 2,40 dólares por galón (3,78 litros) y el diésel 1,75 dólares.
El movimiento indígena lo aceptó, pese a que había pedido que la reducción fuera de 40 centavos y que se establecieran valores de 2,10 y 1,50 dólares, respectivamente, como hace un año.
El Gobierno también derogó un decreto que permitía aumentar las actividades petroleras y se comprometió a revisar otro para impedir concesiones mineras en reservas naturales, territorios indígenas y fuentes hidrológicas protegidas.
Estrategias para el control de precios, alivio de deudas a los agricultores, incentivos para mejorar los créditos y políticas de precio justo para los campesinos también forman parte de la demandas, algunas de las cuales ya han sido atendidas parcialmente por el Gobierno.
La protesta indígena de tres semanas, que tuvo como antecedente la falta de respuestas del Gobierno a las demandas presentadas por el movimiento hace un año, dejó como resultado, al menos, 6 personas muertas y unas 500 heridas, la mayor parte de ellas manifestantes. EFE
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