El Ejecutivo argentino reiteró este jueves, en el marco de la tercera jornada de debate en el Congreso de la Nación sobre la denominada ‘ley ómnibus’, su objetivo de que el Estado deje de estar presente en todos los ámbitos que pueda cubrir el sector privado.
EFE
Durante su comparecencia ante el plenario de comisiones del Congreso, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, solicitó la aprobación del anexo que propone un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios fiscales y excepciones en materia cambiaria.
En opinión del titular de la cartera, el deseo del Gobierno del libertario Javier Milei es «que el Estado se retire de todo lo que pueda hacer el sector privado», por lo que pidió el apoyo para esa parte de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del Gobierno de Javier Milei.
Las inestables condiciones macroeconómicas que vive Argentina, argumentadas por las empresas como un grave obstáculo para invertir en el país suramericano, justifican la creación de un régimen tributario especial, como el propuesto en la ‘ley ómnibus’, para que la situación mejore en ese aspecto.
Agroindustria, forestación, infraestructura, energía, minería, gas y petróleo, y tecnología son sectores señalados por el Ejecutivo como potenciales para la exportación.
Ferraro cerró la lista de intervenciones de ministros del gabinete de Milei. Previamente, acudieron los titulares de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; del Interior, Guillermo Francos; y de Seguridad, Patricia Bullrich.
Una de las críticas más fuertes de la oposición, más allá del contenido en sí de este megaproyecto de ley, es la ausencia del jefe de gabinete del Gobierno, Nicolás Posse; y del ministro de Economía, Luis Caputo, para completar explicaciones.
El Gobierno quiere que esta ley, que plantea cambios profundos en ámbitos como el económico, sanitario, judicial o político, esté aprobada antes de finalizar enero.
La Libertad Avanza (LLA), formación de ultraderecha que lidera Milei, carece de suficientes representantes propios en el Congreso y sus posibles aliados no alcanzan para ganar a la oposición, que puede empantanar sus reformas.
Contra este proyecto de ley, hay convocada una marcha hacia el Congreso de la mayor central sindical del país, Confederación General del Trabajo (CGT), que llevará a cabo una huelga general entre el mediodía y la medianoche del 24 de enero e incluirá la citada manifestación.
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