La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pidió este viernes a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su país «tener un gran cuidado con el manejo de las cifras» de muertos durante las protestas contra el Gobierno que comenzaron el pasado 28 de abril.
EFE
Las manifestaciones, que en las últimas semanas han perdido intensidad hasta reducirse y casi desaparecer, dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 fallecidos.
«59 casos en los que la gente dice que se produjeron muertes relacionadas con la protesta, pues no son muertes que estén comprobadas», dijo Ramírez al terminar una reunión con la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero.
Según la vicepresidenta, esos 59 casos «no son investigaciones que estén en este momento atribuidas a la Policía», por lo que aseguró que «es importante la precisión en las cifras».
Invitó además a «utilizar las fuentes oficiales», como los datos de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y Medicina Legal, «que están produciendo permanentemente esta actualización de cifras, de tal manera que nos concentremos en aquellas que está comprobado que se relacionan con las protestas».
«Hasta ahora, lamentablemente, de esas personas que han fallecido en Colombia a partir del 28 de abril, hay 25 personas que está comprobado que su muerte se produjo en el marco de las protestas, todas las demás se están investigando y se tiene que conocer cuál fue la causa de esas muertes, pero es importante seguir este diálogo constructivo», subrayó Ramírez.
POLICÍAS VINCULADOS A TRES HOMICIDIOS
La Policía colombiana, que según la vicepresidente intervino en 1.553 hechos durante las protestas, ha sido acusada por organizaciones sociales de graves violaciones de derechos humanos como asesinatos contra manifestantes, agresiones indiscriminadas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias.
En ese sentido, Ramírez aseguró «que cualquier caso individual de violación de los derechos humanos por parte de un miembro de la fuerza pública, cualquier abuso de autoridad que se compruebe que ha cometido uno de sus miembros, tendrá las sanciones correspondientes».
Explicó que de los 25 homicidios confirmados hay cuatro «que están totalmente esclarecidos y tres de ellos, desafortunadamente, tienen la participación de miembros de la Policía Nacional».
Por su parte, De Rivero valoró que las autoridades colombianas hayan «declarado una política de ‘cero tolerancia’ a abusos de derechos humanos y que se estén investigando los casos que han conocido de abusos por parte de la fuerza pública», así como destacó que «es muy importante que los casos sean conocidos por la jurisdicción ordinaria».
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