El Gobierno de Bolivia pondrá en «consideración» del juez que maneja el caso de la expresidenta interina Jeanine Áñez la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de salud de la exmandataria, quien está en prisión preventiva hace más de cinco meses.
EFE
La notificación de la CIDH al Gobierno de Luis Arce se da a raíz de la solicitud de medidas cautelares presentada ante esa instancia por uno de sus abogados.
En una declaración este jueves a los medios en Sucre, la capital del país, el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, confirmó que el Ejecutivo nacional «tiene en sus manos esta solicitud» y que esa instancia será la que ahora «ponga a consideración» del juez que maneja el caso alguna petición.
Justamente, en las pasadas horas se conoció sobre la notificación que hizo la CIDH dirigida al canciller boliviano, Rogelio Mayta, que solicita que «en un plazo de 7 días» envíe a esa instancia «la información que considere oportuna» sobre la situación de la ex jefa de Estado recluida en una cárcel en La Paz.
En la misiva, la CIDH hace referencia a una solicitud de «medidas cautelares» en relación a la situación que atraviesa Áñez y su hija Carolina Ribera, realizada por el abogado Juan Carlos Gutiérrez, que representa a la exmandataria interina.
Entre algunos aspectos que el Gobierno boliviano debe adjuntar en esa información se establece lo relacionado a condiciones de salud «tanto física como mental», «su acceso a atención médica» dentro y fuera de la cárcel, medidas asumidas por el Estado «para proteger sus derechos» y «las condiciones de detención» actuales.
Los familiares de Áñez que administran sus cuentas en redes sociales señalaron este jueves que «la tortura que padece pone en riesgo su vida» y que desde ayer miércoles le han «restringido el acceso médico y a su abogado».
Tanto la familia y los abogados de la expresidenta interina han aseverado que Áñez padece de hipertensión arterial que puede derivar en complicaciones cardíacas en los 3.600 metros de altitud de La Paz y que también afronta un estado serio de depresión, por lo que se ha pedido insistentemente se defienda en libertad.
El momento más crítico se produjo hace casi dos semanas cuando se provocó lesiones en un brazo, entre algunas aseveraciones de que ya no quiere vivir y rechaza la medicación que se le ha estado administrando.
Ante esto, el Gobierno ha sostenido varias veces de que la situación de salud de Áñez es estable, que se cumple con proporcionarle acceso a la salud y que inclusive tendría un trato con mayor privilegio que el resto de reclusos del país.
Áñez está recluida por el caso llamado «golpe de Estado» acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración durante la crisis política y social que atravesó el país en 2019.
Además, en el Parlamento boliviano radican cuatro proposiciones acusatorias por acciones que tomó en su Gobierno, entre ellas la muerte de una veintena de civiles en Sacaba y Senkata en disturbios con el Ejército y la Policía.
En una rueda de prensa en La Paz, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) reiteró este jueves que Áñez «está detenida ilegalmente acusada de un hecho que nunca ocurrió» y que «todos sus derechos humanos como detenida han sido violados».
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