La fundación Fundaredes, publicó un informe sobre la migración de estudiantes venezolanos en la frontera con Colombia, situación que es una de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.
«Se calcula que 130.000 niños venezolanos se han visto en la necesidad de mudarse a Colombia en búsqueda de una educación de calidad, de acuerdo con cifras aportadas por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia en sus siglas en ingles (Unicef) en un comunicado de prensa emitido en abril de 2019. Pero otro grupo de 9.000 menores de edad venezolanos que aún viven en su país están recibiendo clases en la ciudad fronteriza de Cúcuta, informó la Secretaría Educativa del Norte de Santander en marzo pasado en declaraciones dadas a conocer por la prensa colombiana. Se trata de alumnos que cruzan a diario la frontera».
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La migración de estudiantes venezolanos se debe al progresivo deterioro de la infraestructura escolar y un déficit de más de 70% del personal docente que, de acuerdo con datos del Colegio de Profesores de Venezuela, se ha visto forzado a abandonar las aulas en busca de mejores ingresos económicos. Un factor adicional que motiva a los padres a enviar a sus hijos a instituciones educativas colombianas son los contenidos ideologizantes del nuevo programa curricular bolivariano para la educación básica y media en las escuelas venezolanas.
«La asistencia de estudiantes venezolanos a instituciones colombianas se ha visto afectada por los constantes cierres de la frontera producto de impasses diplomáticos, lo cual ha obligado a los niños a atravesar a pie por pasos ilegales por donde chocan fuerzas militares, grupos armados irregulares y bandas delincuenciales que permanentemente pugnan por el control de esos territorios utilizados como corredor para cometer ilícitos», indicó la ONG.
Unicef afirmó en el comunicado de prensa del 29 de abril de 2019, que más de 327.000 niños venezolanos están viviendo en Colombia como migrantes y refugiados: “Algunas familias caminan todos los días junto a sus hijos a través de la frontera en busca de ayuda médica para que sus hijos puedan estudiar, buscar alimentos o medicinas que no están disponibles en Venezuela.
«Si estos niños no reciben un mayor apoyo su salud, educación, protección y bienestar pueden correr peligro”, reseña el documento.
La tensión social generada por la pugna de poder y el control económico ocasiona constantes enfrentamientos en las adyacencias a los puentes internacionales entre grupos irregulares armados colombianos y venezolanos, poniendo en riesgo la vida de los niños que se ven forzados a cruzar para estudiar en el país vecino. De febrero a julio de 2019 diversos medios de comunicación locales registraron al menos ocho tiroteos de este tipo en las inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar; otras 10 en el puente Francisco de Paula Santander y dos en el puente Unión, que une a las poblaciones Boca de Grita (Venezuela) y Puerto Santander (Colombia).
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Preocupados por la inestabilidad y peligros que estos hechos representan para niños y adolescentes, el 5 de marzo de 2019 Fundaredes interpuso una denuncia ante la Defensoría del Pueblo del estado Táchira para exigir al titular de ese despacho, Hugo Caro, la reapertura de la frontera a fin de garantizarle el derecho a la educación a esos niños, quienes ya sufrían la vulneración en su país al no tener las condiciones para un adecuado proceso de escolarización.
Además, el 14 de febrero de 2019, durante el 171° período de sesiones de la CIDH en Bolivia, el director general de FundaRedes, Javier Tarazona, denunció la situación de estos estudiantes y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que les garantizara protección. Luego, el 6 de marzo de 2019, formalizó la solicitud de medidas cautelares de protección para ellos y para personas con enfermedades crónicas que reciben tratamientos especializados o necesitan adquirir medicamentos en territorio colombiano.
Sumando el esfuerzo de las organizaciones Fundaredes, Fundación El Amparo y Proyecto860 se logró identificar situaciones de vulnerabilidad del derecho a la educación de los niños venezolanos. Ante la ausencia de un sistema de alimentación escolar, la escasez de profesores, las pésimas condiciones de infraestructura en los planteles e incluso el déficit de transporte en Venezuela, organismos del Estado como el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público no han emitido pronunciamiento alguno ni han dado respuesta a las denuncias interpuestas.
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No garantizar el derecho a la educación violenta lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 102 y 103; en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, artículos 10, 32, 39 y 53; y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 13, 22 y 26, concluyó el informe de Fundaredes.
Con información de EL Universal
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