El régimen corrupto y opresivo de Nicolás Maduro en Venezuela detuvo y torturó a opositores políticos, disparó contra manifestantes y dejó el país tan devastado económicamente que más de 4 millones de personas, alrededor del 10 por ciento de la población, huyeron del país para escapar de la catástrofe humanitaria. . El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha estado presionando a Venezuela por sus abusos. Ahora, para subvertir ese esfuerzo, Venezuela está tratando de ser elegido para el consejo.
Por: Kenneth Roth / Foreing Policy
Cuando los gobiernos se reúnen en las Naciones Unidas para condenar los abusos contra los derechos humanos de sus pares, esto arde. El poder de ese oprobio se puede ver en la cantidad de gobiernos altamente abusivos que claman unirse a los organismos de derechos humanos de la ONU en un esfuerzo por evitar ser atacados.
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La creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 47 miembros hace 13 años fue un intento de cambiar esta dinámica. Se suponía que la membresía se limitaría a los gobiernos que “respetan los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos”. Para dar ese requisito, la Asamblea General de la ONU de 193 miembros tuvo la tarea de votar a los candidatos por períodos de tres años, proporcionando Una oportunidad para eliminar lo peor.
Los primeros años fueron prometedores, con una serie de gobiernos abusivos, incluidos Rusia e Irán, que perdieron votos impugnados o se retiraron cuando sus perspectivas parecían pobres. Pero luego los gobiernos comenzaron a jugar con el sistema. Los asientos en el consejo se asignan de acuerdo con cinco grupos regionales, y muchos de los grupos comenzaron a proponer solo el mismo número de candidatos que los asientos abiertos. Estas pizarras cerradas, que privan a la Asamblea General de una elección significativa, se han convertido cada vez más en la norma, con el resultado de que hoy el consejo incluye a los gobiernos de países como China, Eritrea y Ruanda. Estos miembros abusivos no constituyen una mayoría en el consejo, pero hacen que sea más difícil hacer las cosas.
Este año, cuando Venezuela presentó su candidatura, parecía que no enfrentaría competencia. La represión de Venezuela bajo Maduro ha sido tan severa que varios gobiernos en las Américas, conocidos como el Grupo de Lima, han tomado medidas sin precedentes para generar presión para el cambio. Por primera vez en América Latina, los miembros de este grupo encabezaron resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos para condenar la represión y crear una misión independiente de investigación, y apelaron a la Corte Penal Internacional para investigar posibles crímenes contra la humanidad.
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Sin embargo, en deferencia a la tendencia hacia las pizarras cerradas, los gobiernos latinoamericanos presentaron este año a otro gobierno, Brasil, como candidato para los dos puestos disponibles, lo que prácticamente garantiza la elección de Venezuela. Parte de la razón parece haber sido que el gobierno brasileño, un miembro influyente del Grupo de Lima, estaba dispuesto a tolerar la parodia de una candidatura venezolana incontestada para evitar la necesidad de competir por un escaño en el consejo y así defender a su controvertido presidente Jair Bolsonaro.
Costa Rica ahora ha cambiado esta dinámica. A medida que se acercaba la votación del 17 de octubre, respondiendo a los llamamientos sobre lo vergonzoso que sería para los gobiernos latinoamericanos aceptar a Venezuela como miembro del consejo, Costa Rica anunció su candidatura de último minuto el 3 de octubre. De repente, la Asamblea General tendrá un elección.
Como una democracia establecida con un sólido historial de derechos humanos, Costa Rica es un candidato mucho más adecuado que Venezuela, pero se enfrenta a una batalla cuesta arriba.
Venezuela tiene una gran ventaja para reunir los votos, y los gobiernos represivos del mundo están demasiado dispuestos a tener uno de sus propios esfuerzos globales de bloqueo para hacer cumplir los derechos humanos.
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Estos gobiernos ya están ofreciendo racionalizaciones. Una es que es importante comprometerse con Venezuela. Si bien pocos se opondrían a las negociaciones para restaurar las instituciones democráticas y los derechos básicos, hay muchos otros lugares disponibles y serían mucho más apropiados que otorgarle a Venezuela un puesto en el Consejo de Derechos Humanos.
Otros señalan que, después de un informe devastador sobre la represión en Venezuela por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, la principal oficial de derechos humanos de la ONU que opera paralelamente al consejo, el gobierno acordó que su oficina tuviera una presencia limitada en Caracas. Pero incluso si eso sucede, ese gesto apenas lleva a Venezuela a “los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos”. De hecho, pocos gobiernos están menos calificados para defender los derechos humanos.
Las apuestas son altas. El consejo en los últimos años ha demostrado ser una voz poderosa y efectiva en muchas de las crisis de derechos humanos más apremiantes del mundo, desde Siria hasta Myanmar, desde Yemen hasta Burundi. Pero su voz se debilita cuando a personas como Venezuela se les permite unirse. Invariablemente se oponen a los esfuerzos por defender los derechos humanos, y su presencia se burla de los principios que el consejo debe defender. Que otros gobiernos abusivos ya se sienten en el consejo no es motivo para empeorar las cosas al agregar a Venezuela.
Costa Rica ha dado un paso valiente al arriesgar una batalla global por los votos tan tarde en el día. Todos los gobiernos que se preocupan por los derechos humanos deben aprovechar la oportunidad que ha brindado al apoyarlo y votar en contra de la candidatura inapropiada de Venezuela.
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