La Fiscalía de Perú autorizó este viernes el viaje del procurador Javier Pacheco a Chile, donde buscará conseguir una ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori, para que sea juzgado por la venta de armas a la hoy disuelta guerrilla de las FARC en 1999.
EFE
Según una resolución del Ministerio de Justicia, publicada este viernes en el diario oficial El Peruano, el abogado del Estado viajará a Santiago de Chile entre los días 10 y 13 de octubre para realizar coordinaciones ante autoridades políticas, académicas y del derecho de Chile.
El objetivo de su visita al país austral es asegurar y garantizar «una debida representación y defensa de los intereses del Estado ante las autoridades jurisdiccionales» chilenas, señala la norma que firmó el ministro de Justicia, Félix Chero.
El Gobierno peruano oficializó en agosto del año pasado la solicitud a la Justicia chilena de ampliar los cargos de extradición de Fujimori, quien gobernó Perú entre los años 1990 y 2000.
En concreto, la norma pedía que el exmandatario siga siendo procesado en Perú por la presunta comisión de delitos contra la seguridad, la tranquilidad y la fe públicas, entre otros, por la venta a las FARC de 10.000 fusiles AK-47 procedentes de Jordania.
Por este episodio ya fue condenado en 2006 a 20 años de prisión Vladimiro Montesinos, el exasesor de Fujimori, quien adquirió este cargamento de armas de fuego con la ayuda de traficantes y luego lo revendió a la organización guerrillera colombiana.
LARGA LISTA DE CONDENAS
El expresidente, de 84 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos calificados internacionalmente como lesa humanidad, un juicio para el que fue extraditado por Chile. También ha sido sentenciado por distintos casos de corrupción.
Después de dimitir por fax desde Japón en el año 2000, tras descubrirse una red de corrupción que se había instaurado en la administración pública durante su mandato, Fujimori fue arrestado en 2005 en Chile, cuando se disponía a intentar regresar a Perú para las elecciones presidenciales del siguiente año.
En 2007, fue extraditado a Perú y en 2009 recibió la principal condena, de 25 años de prisión por ser el autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
También por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, este último durante el «autogolpe» de Estado que Fujimori dio el 5 de abril de 1992, lo que le permitió clausurar el Parlamento, redactar una nueva Constitución y controlar la Fiscalía y la judicatura.
Asimismo, el exmandatario fue condenado por los sobornos a congresistas opositores y periodistas, así como por espionaje y por ordenar a un militar que se hiciese pasar por fiscal para registrar la vivienda de la esposa de Montesinos.
Actualmente está acusado por la matanza de Pativilca, también cometida por el grupo Colina, y por las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato.
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