La Fiscalía Anticorrupción de España, se ha mostrado a favor de que Podemos se persone como «interesada» en el procedimiento que se sigue contra una presunta red policial que ofreció a excargos del régimen de Nicolás Maduro, supuestas influencias en la Administración española a cambio de grandes sumas de dinero e información de la formación ‘morada’.
Según ha avanzado El Periódico de España y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, los fiscales han rechazado la petición del partido de ejercer como acusación particular en el procedimiento, aunque sí han visto pertinente que figure en condición de «interesada». Según han precisado, en este caso Podemos tendría acceso a las notificaciones y a la información de la causa que les pueda afectar.
Los fiscales se han pronunciado así después de que el pasado junio la titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid diera traslado al Ministerio Público del escrito en el que Podemos pedía ejercer la acusación particular en la causa al considerarse «perjudicado» de las actuaciones de la presunta red policial de estafa.
Será la juez Cristina Díaz Márquez la encargada de decidir si estima o no la petición de la formación liderada por Ione Belarra o si sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
Próximas Citaciones
En el marco de este procedimiento, está previsto que la juez tome declaración el próximo 26 de septiembre al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Ochoa Alvarado, como presunto perjudicado de la red policial. Para ese mismo día, la magistrada también ha citado a Carlos Aguilera, exdirector de servicios de Inteligencia en Venezuela, y a Dimas Antunez, denunciante del caso.
Además de estas citaciones, la magistrada tiene pendiente tomar declaración a las 13 personas que figuran como imputadas por ser presuntos miembros de la red policial que se investiga por supuestos delitos de estafa y/o extorsión. Todos tendrán que declarar el 6 de octubre. Las 30 empresas que constan como investigadas aún no tienen fecha fijada.
Según indicó la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en uno de sus informes recogidos por Europa Press, la red que se investiga ahora en los Juzgados de Plaza de Castilla está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar.
Presunta organización militar
La Brigada Antiblanqueo recoge en su informe que la red recibió «millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas». Esta información fue facilitada a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de fondos a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el supuesto blanqueo de dicho dinero en España, ya que varios de los excargos venezolanos presuntamente estafados figuran como investigados en el denominado ‘caso PDVSA’.
Fuentes cercanas a la causa han explicado a esta agencia que el informe forma ahora parte del sumario de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid.
Según consta, las vías de recepción de fondos por parte de los investigados «han sido variadas»: desde contratos y facturas ficticias, entregas en efectivo y utilización de medios de pago electrónicos anónimos. «Han tenido en común que estas han sido facilitadas por la organización criminal y han servido para la transferencia de fondos a España que tenían su origen en actividades de carácter ilícito», señalaron los agentes.
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