La Fiscalía de Bolivia apeló la decisión de dos tribunales que se declararon «incompetentes» para enjuiciar en la vía ordinaria a la expresidenta interina Jeanine Añez (2019-2020), informó este miércoles el fiscal general, Juan Lanchipa.
EFE
Entre finales de octubre y principios de este mes, dos tribunales de sentencia en La Paz y Cochabamba declinaron por separado su competencia para enjuiciar a Áñez, por las muertes de civiles en las «masacres» de Senkata y Sacaba, respectivamente.
En ambos casos, las cortes argumentaron que Áñez debe ser procesada «mediante de un juicio de privilegio constitucional» al tratarse la acusada de una exmandataria y de hechos que se produjeron durante su gestión transitoria.
Lanchipa indicó esta jornada que dos comisiones de fiscales «han activado los recursos de apelación», para que las salas penales de las jurisdicciones de La Paz y Cochabamba «dejen sin efecto» la decisión de los dos tribunales de sentencia.
El fiscal general consideró que las declaraciones de «incompetencia» de los dos cortes que se negaron a enjuiciar a Áñez en la vía ordinaria están «al margen» de la legalidad, la transparencia y el debido proceso».
Lanchipa mencionó que la competencia «fue planteada, discutida y resuelta» por los juzgados de primera instancia que determinaron que Áñez «debe ser procesada en la jurisdicción ordinaria» y ratificadas por tribunales de segunda instancia, por lo que son «cosa juzgada».
La Fiscalía «analizará y tomará las acciones legales correspondientes para que la emisión de toda resolución manifiestamente contraria a Constitución y las leyes sean objeto de investigación y se definan responsabilidades», remarcó.
A finales de octubre, Lanchipa presentó la acusación formal ordinaria contra Áñez por las muertes en Sacaba (10), en Cochabamba, y Senkata (10) en El Alto, durante los enfrentamientos entre civiles que protestaban contra el Gobierno interino y las fuerzas de seguridad.
La Fiscalía acusó de genocidio a Áñez, a tres de sus exministros y varios exjefes militares y de la Policía, contra quienes pidió la máxima condena de 30 años de prisión, tras valorar que las fuerzas de seguridad utilizaron «municiones de guerra» contra «civiles desarmados».
En un principio, la Fiscalía General remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba y de Senkata al Parlamento boliviano, en agosto de 2021, para que se siga un juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria, pero el proceso por ese canal no avanzó.
A inicios de este año, dos tribunales en El Alto y Cochabamba se declararon competentes para seguir esos procesos por la vía ordinaria.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
La exmandataria interina Áñez, detenida desde marzo de 2021, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria.
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