El gobierno del nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó un aumento de los impuestos a las exportaciones agropecuarias, medida que suscitó un fuerte enfrentamiento del sector cuando gobernaba Cristina Kirchner, actual vicepresidenta.
A partir de un decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial, deja sin efecto el tope de 4 pesos por dólar de gravamen que había impuesto el anterior gobierno de Mauricio Macri, por lo que las retenciones quedan en 12%.
En el anterior gobierno, esa tasa se redujo casi a la mitad a medida que el peso se desplomaba frente al dólar. El viernes, la moneda argentina cerró en 63,07 pesos por dólar, una depreciación de 70% desde enero de 2018.
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El decreto de Fernández aplica parcialmente para el trigo, el maíz y la soja, que volverán al gravamen de 12%. Para la soja, el mayor producto de exportación, ese índice se sumará a otro 18% que ya pagaba, por lo que su venta al extranjero estará gravada con 30% de su precio.
La carne, pesca, lana, legumbres, harina de trigo, maní, arroz, leche en polvo, entre otros, se gravan con un 9% fijo, mientras que habrá excepciones, como frutas y productos regionales, que pagarán 5%.
“La grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos”, justificó el gobierno.
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Esta es una de las primeras medidas económicas de Fernández, un peronista de centroizquierda, quien asumió la presidencia el martes pasado en un país sumido en una recesión de más de un año, con un inflación de 55% anual y una pobreza que golpea a casi 40% de la población.
En Argentina, uno de los principales productores de alimentos del mundo, el campo es el único sector que ha crecido un 46% interanual en el segundo trimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Malestar
El decreto puso en alerta al poderoso sector agrícola, que ya había mantenido una fuerte disputa por los impuestos a las exportaciones con protestas y bloqueos de ruta que tuvieron en vilo al país en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), que había fijado la tasa en 35%.
“Esto no suma, no lo predispone bien al productor que se siente atropellado por un ánimo de revanchismo, que uno creía que estaba empezando a cicatrizar”, dijo a la AFP Daniel Berdini, un productor de soja, trigo y maíz, que fue dirigente de Coninagro, confederación que agrupa a más de 100.000 cooperativas agrarias del país.
Los representantes del campo se reunirán el lunes para analizar la medida.
“Fernández se había comprometido en que íbamos a ser consultados. Pero hoy nos desayunamos con esta suba de retenciones sin haber diálogo, ni consenso, más allá de las retenciones me preocupa el método que se usó”, agregó Berdini.
Esta semana, un juez volvió a procesar por los cortes de ruta de 2008 a dirigentes del campo, ya sobreseídos, bajo una nueva figura de intento de desabastecimiento, lo que el sector entiende como una “mala señal”.
En tanto, circula en las redes sociales una convocatoria a un “cacerolazo nacional” contra Fernández para el miércoles próximo, ocho días después de su asunción.
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El sector agrícola fue uno de los principales aliados del gobierno saliente del liberal Macri, quien al asumir en diciembre de 2015 había anunciado la eliminación o baja paulatina de los impuestos a las exportaciones.
El expresidente dio marcha atrás y volvió a aplicar retenciones en 2018, cuando en medio de una crisis cambiaria y financiera acudió al FMI, que concedió un crédito de 57.000 millones de dólares, de los cuales Argentina ya ha recibido 44.000 millones.
Otras medidas
Fernández, que reclamó en su discurso de investidura “la solidaridad” de los sectores más favorecidos, fijó también una doble indemnización para los despidos sin causa por 180 días.
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Con un desempleo creciente que alcanzó 10,6% en el segundo trimestre, el ejecutivo busca evitar que siga el deterioro del mercado laboral.
Se espera además el inminente anuncio de la puesta en marcha de un “dólar turista”, 20% más caro que el dólar oficial, para las compras y los gastos en el exterior.
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