El cuerpo del cacique indígena hallado muerto la semana pasada en la Amazonía brasileña será exhumado para una autopsia, informó la fiscalía este miércoles, tras la repercusión internacional del caso.
Los miembros de la tribu Waiapi que habitan en el estado de Amapá (norte) autorizaron el examen de los restos de Emyra Waiãpi, cuyo cuerpo fue hallado en un río el 23 de julio.
La policía acudió al remoto lugar donde habitan los waiapi el sábado para investigar su muerte -que los indígenas aseguran ocurrió de “forma violenta”- y denuncias de que mineros ilegales fuertemente armados invadieron una de las aldeas de la región.
La decisión sobre desenterrar el cuerpo fue anunciada el miércoles tras una reunión entre el jefe del Ministerio Público Federal de Amapá, el procurador Rodolfo Lopes, y líderes waiapi, en la capital Macapá.
El cuerpo será trasladado en helicóptero hasta Macapá el viernes.
Lopes había afirmado el lunes que es demasiado prematuro afirmar que se trató de un homicidio.
Una incursión preliminar de la policía, guiada por los líderes locales, no detectó “rastros” ni “vestigios” de invasores, según Lopes.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la muerte del cacique y la relacionó con las políticas pro-minería impulsadas por el presidente Jair Bolsonaro.
“La política propuesta por el gobierno brasileño de abrir más zonas de la Amazonía a la explotación minera crea riesgos de inducir a incidentes violentos, intimidaciones y asesinatos como el que sufrió el pueblo waiapi la semana pasada”, continuó.
Rica en oro, manganeso, hierro y cobre, la tierra de los waiapis está en un área remota de la selva y viene sufriendo crecientes presiones de mineros, ganaderos y madereros.
Es uno de los cientos de territorios indígenas demarcados en Brasil desde los años 1980 para el uso exclusivo de sus habitantes, que tienen el derecho a ocupar sus tierras ancestrales garantizado en la Constitución. El acceso a terceros está estrictamente regulado.
Desde que asumió el poder en enero, Bolsonaro está siendo acusado de atentar contra la Amazonía para beneficiar a las industrias minera, agropecuaria y forestal, que lo apoyaron durante su campaña.
El presidente llegó a cuestionar los datos oficiales de deforestación -que mostraron un aumento de 88% en junio, en relación al mismo mes del año pasado- y considera que existe una “psicosis ambiental” en torno a la protección de la Amazonía.
AFP