La práctica lleva años, pero el debate sobre la legalidad -y ética- de la misma se encendió a finales de septiembre gracias a un poderoso testimonio compartido en las redes sociales.
«Las imágenes, ya se sabe, son más potentes que el texto; ‘llegan primero'», escribió el 28 de ese mes una mujer llamada Marta Loi en su página de Facebook, junto a la fotografía de una cruz con su nombre en un cementerio romano.
«Hela aquí… empiezo escribiendo que esta no es mi tumba, sino la de mi hijo», continúa el texto, en el que Loi deja claro que la sepultura, que aloja a los restos del feto que tuvo que abortar por razones médicas, fue erigida sin su conocimiento ni consentimiento.
Y lo mismo se puede decir de casi todas las tumbas que se alzan en el llamado «Jardín de los ángeles» del cementerio Flaminio, la sección dedicada a lo que la legislación italiana llama restos abortivos y las asociaciones católicas que muchas veces se encargan de las sepulturas «niños no nacidos».
Ahí se alza un mar de cruces blancas identificadas con nombres de mujeres cuyos abortos -espontáneos o inducidos- terminaron haciéndose públicos gracias a tumbas que nunca fueron autorizadas por ellas.
«A estas alturas me parecen obvias las reflexiones sobre lo escandalosamente absurdo que es todo, sobre cuánto se ha violado mi intimidad», argumenta Loi en su texto, donde también habla del «enfado y la angustia que me causó ver que, sin mi consentimiento, otros han enterrado a mi hijo con una cruz, un símbolo cristiano que no me pertenece, y han escrito en ella mi nombre de pila».
Y según Elisa Ercoli, de la organización Diferenza Donna, ese enfado y angustia los comparten al menos otras 160 mujeres «de todos los credos» afectadas por la práctica, que se han acercado a la ONG en busca de representación legal para combatirla.
Por todo el país
«La cuestión más grave seguramente es la violación de la privacidad y del anonimato que de hecho está previsto en la ley sobre la Interrupción voluntaria del embarazo», le dice Ercoli a BBC Mundo.
«Pero esta es una violación que se ha producido incluso en casos en los que las mujeres se habían manifestado en contra de la sepultura. Entonces el problema es doble», dice en referencia a la ausencia de consentimiento.
Por eso, Diferenza Donna tiene previsto entablar una demanda colectiva para forzar la interrupción inmediata de la práctica de identificar a los fetos y embriones abortados con el nombre de sus madres, pero también para tratar de lograr un cambio legal que haga que la decisión sobre el destino final de esos restos les corresponda exclusivamente a esas mujeres.
«En Italia tenemos una norma de la Policía Mortuoria que le delega a las Agencias Sanitarias Locales la posibilidad de elegir en los casos en los que no haya una indicación expresa de las mujeres», explica Ercoli.
Pero la normativa vigente, que le da a los padres un plazo de 24 horas para decidir sobre el tema, también permite que la solicitud pueda hacerla «quien por ellos» así lo requiera, lo que ha sido aprovechado por numerosas organizaciones católicas para encargarse del entierro de los restos.
De hecho, antes de la publicación del testimonio de Loi, la periodista Jennifer Guerra había estado mapeando los cementerios de fetos en Italia, identificando más de 50 distribuidos por todo el país.
«Pero seguramente son muchos más», le dice Guerra a BBC Mundo.
«No se trata de un fenómeno nuevo, ni circunscrito a unas cuantas localidades, sino de una realidad muy difundida en toda Italia y sobre todo de una práctica que ya dura más de 20 años», agrega.
Más de dos décadas
Efectivamente, aunque el aborto es legal en Italia desde 1978, la primera de las asociaciones católicas creadas para dar sepultura a este tipo de restos fue la «Asociación defender la vida con María», ADVM, fundada en 1998 en la región de Lombardía.
La asociación actualmente tiene presencia en varias otras regiones de Italia y estima haber ayudado a sepultar a unos 200.000 «niños no nacidos» durante los últimos 22 años.
Aunque según su portavoz, Stefano Di Battista, ellos jamás colocan símbolos católicos en las tumbas, ni mucho menos las identifican con los nombres de las madres.
«No tenemos nada que ver con la situación del cementerio Flaminio. Cuando supimos lo que hacían nos sorprendimos como todo el mundo. ¿Poner el nombre de la mamma? No lo haríamos nunca», le dice a BBC Mundo.
«Nosotros hacemos entierros en fosas comunes de hasta 100 fetos por vez, y cuando recogemos a estos fetos en los hospitales con los que hemos firmado convenios ni siquiera sabemos si provienen de abortos espontáneos o abortos voluntarios, cuánto tiempo de gestación tenían, no sabemos nada de la familia», explica Di Battista.
«Y en el lugar del entierro solamente colocamos una pequeña lápida blanca, en la que está inscrita la fecha del entierro y basta. Nada más», asegura, aunque en un video de 2010, facilitado por él mismo, se ve una lápida en la que también figura la inscripción «Oh María, madre de todos los vivos, a ti nos confiamos».
Di Battista, sin embargo, insiste en que el trabajo de la asociación respeta tanto de las leyes de Dios como las leyes italianas.
«El magisterio de la Iglesia dice que los cadáveres de los embriones o fetos abortados, voluntariamente o no, deben tener la misma sepultura digna que cualquier otro cadáver, porque son cadáveres de niños no nacidos», dice.
«Pero también hay una directiva de 1988 del Ministerio de Salud que dice que todos los fetos deben ser sepultados, porque la idea de eliminarlos como si fueran desechos es algo que va contra la ética y la conciencia», agrega.
Valor simbólico
El caso del cementerio Flaminio de Roma, sin embargo, así como otros similares denunciados antes en ciudades como Torino o Brescia, demuestra que no todas las asociaciones respetan el derecho al anonimato de las mujeres que se han sometido a un aborto.
Y tanto Ercoli como Guerra insisten en que, más allá de la legalidad de los entierros en los que no se identifica a estas mujeres, estos también son profundamente problemáticos.
«A nosotros se nos han acercado mujeres católicas, ateas y con otros credos religiosos, y todas sin excepción sienten como una grave violación de sus derechos el hecho de que otros eligieran por encima de ellas la forma en la que se daba seguimiento a su interrupción del embarazo», dice Ercoli.
«Para mí el problema, más que la privacidad, es el derecho que se arrogan estas asociaciones de actuar en lugar de las mujeres. Incluso si es legal es grave, porque falta su consentimiento o el de los padres», coincide Guerra.
La periodista dice haber entrevistado a numerosas mujeres que han optado por la interrupción voluntario del embarazo o han tenido que someterse a un aborto terapéutico, «y muchas no sabían el destino del feto, ni se lo habían planteado. No tenían cabeza para eso».
«Y en muchos de los formularios que las mujeres deben firmar para acceder a un aborto, el tema de qué pasa después con el producto de la concepción, con el feto, no aparece. Entonces, ¿quién da esa información? ¿cuándo? ¿de qué modo?», cuestiona Guerra.
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