Un nuevo capítulo en la trama de corrupción de la petrolera Estatal de Venezuela se conoció hoy. El diario El Mundo informó que la causa por desvíos de fondos que involucran al entonces embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela durante el régimen de Hugo Chávez no es de 5 millones de dólares como se creía sino que la Fiscalía Anticurrupción de España investiga un fraude mucho mayor, de 38 millones de dólares.
Según el diario, el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, su hijo Alejo, y dos socios suyos de nacionalidad venezolana y afincados en España se apropiaron presuntamente de más de esa suma millonaria y los introdujeron en España a través de cuentas bancarias en Suiza y Panamá
Uno de los socios venezolanos era Juan Carlos Cabrera Marques, ex director de PDVSA y se ahorcó después de declarar ante el juez en julio del año pasado.
Según la investigación, el dinero lo fueron lavando mediante contratos ficticios y facturas falsas y lo ingresaron a territorio español en trasferencias desde Suiza y Panamá para la compra de inmuebles de lujo.
A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal, por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015.
Esta causa contra el que fuera embajador español en Venezuela con el régimen de Hugo Chávez en el país sudamericano y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en España tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana que se investiga en varios juzgados españoles.
Pero el saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de dólares obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.
Solo en España la justicia persigue a una veintena de ellos. Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, donde una juez procesó a antiguos altos cargos de PDVSA, por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía.
Los desvíos de PDVSA, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.
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