Nayib Bukele se enfrenta a duras críticas de parte de miembros del Poder Judicial que, junto a otros sectores sociales, levantan cada vez más sus voces con reclamos.
Históricamente, los jueces no marchan ni protestan en El Salvador. Sus intervenciones están reservadas para las salas de los tribunales, las aulas de las universidades o foros especializados. Sin embargo, en el mes de septiembre de 2021, este pequeño país centroamericano los vio recorrer las calles capitalinas con trajes formales y pancartas en las manos en protesta ante lo que llaman el «golpe” al Poder Judicial ejecutado por el Gobierno de Bukele.
«La última vez que se dio una marcha fue en el 2006 o 2007 en el período del presidente Saca, cuando se intentó sancionar a algunos colegas a raíz de ciertos fallos que no eran del gusto del Gobierno”, explica a DW el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Juan Antonio Durán. En ese entonces, «la Corte abrió unos expedientes disciplinarios por razones de los fallos de los jueces. Nosotros salimos a marchar alegando que la Ley de la Carrera Judicial solo permite sancionar a los jueces por su conducta, no por si un fallo le gusta al Ejecutivo o no. Y este es precisamente el motivo por el que fueron removidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021: las decisiones que los magistrados tomaron no fueron del agrado del Ejecutivo”, asegura.
Las críticas contra el Gobierno son duras desde el Judicial y comienzan con la destitución que hizo el Parlamento -de mayoría oficialista- a la Sala de lo Constitucional. Desde entonces, abogados como Enrique Anaya, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección El Salvador, afirman que en el país «no hay Estado de derecho”.
«Creo que tenemos que quitarnos ya los eufemismos. Cuando destituyeron -con motivo de violar la Constitución, tratados internacionales y leyes locales- a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y designaron a dedo a cinco operadores políticos -inclusive uno de ellos, minutos antes, era uno de los asesores jurídicos del presidente-, desde el 1 de mayo, en El Salvador no hay Estado de derecho”, dice a DW el abogado constitucionalista.
«Estamos sujetos totalmente a los caprichos y arbitrariedades de las autoridades y sobre todo a los caprichos, arbitrariedades y a la voluntad del presidente”, agrega Anaya. «Al emitir entre comillas una resolución autorizando la reelección presidencial, a pesar de que hay al menos tres disposiciones constitucionales que la prohíben, es porque realmente se está actuando con absoluta vileza”, reprocha.
Sidney Blanco, juez primero de Sentencia de San Miguel y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, concuerda: «En este momento, el Estado de derecho -entendido por la separación de poderes y tutela de derechos fundamentales- no existe. El Estado de derecho en nuestro país ya dejó de regirse por leyes y por la Constitución y se rige por instrucciones emanadas desde la ignorancia”.
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