El Senado uruguayo aprobó este viernes en una sesión extraordinaria el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, que regulará el derecho de reunión por el aumento de casos de la covid-19, si bien el debate continúa en la Cámara de Representantes.
En una sesión de casi 7 horas, los senadores del Frente Amplio (FA, izquierda) presentaron un proyecto alternativo para oponer al texto oficialista, que fue defendido por los partidos que integran la coalición de Gobierno con presencia en la Cámara Alta: Partido Nacional (PN, centroderecha), Colorado (PC, centroderecha) y Cabildo Abierto (CA, derecha).
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, aprobado en primera instancia por el Senado por 18 sobre 31 votos, permite limitar el derecho de reunión, reflejado en el artículo 38 de la Constitución, durante 60 días -prorrogables por 30 más- cuando haya «aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario».
«No está prohibida la manifestación. Si 300 personas rodearan el Palacio Legislativo a dos metros y todos con tapabocas no tendría que aparecer la Policía, porque no tiene las características de la aglomeración. No se impide el derecho de expresión, se impide las cosas que contagian», dijo en su alocución el senador del PN Jorge Gandini, en defensa del proyecto oficialista.
En concreto, el proyecto aprobado en la Cámara Alta limita «transitoriamente» el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución y se suspenden las aglomeraciones que generen «un notorio riesgo sanitario».
El Ejecutivo define las aglomeraciones como «la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados», pero no acota el número de personas considerado como tales.
Al respecto, el senador de CA Guido Manini Ríos enfatizó que esto es un tema al que «todo el sistema político» debía dar luz verde como «instrumento útil» que permita aplanar la línea de contagios.
«Por supuesto que hubiéramos preferido no llegar a esta instancia, no tener que limitar ninguna de las libertades que consagra la Constitución de la República pero indudablemente que hoy por sobre todas las cosas está el interés común, el interés de preservar la vida de los uruguayos», sostuvo.
Por su parte, el proyecto que presentó el FA propuso poner el foco en que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se encargara de decidir qué situación correspondía a una aglomeración y que no quedara únicamente en manos de Interior.
«La alternativa que presenta el Frente Amplio es ‘vayamos por el artículo 44 de la Constitución’, que establece que es la autoridad sanitaria quien debe velar por la salud», dijo a la prensa el presidente del FA, Javier Miranda.
Tras nueve meses de emergencia sanitaria, Uruguay vive su «primera ola». Desde el 13 de marzo, cuando aparecieron los cuatro primeros positivos de covid-19, Uruguay registra 11.436 personas contagiadas (3.925 de ellas activas) y 105 fallecidas. EFE
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