Con Baltasar Garzón como apoderado, PDVSA intenta evitar que Pablo Iglesias y su partido tengan que responder ante la Justicia. Los presuntos cobros ilegales provenientes del régimen venezolano, siguen acosando al partido de la extrema izquierda española.
Por Primer Informe
La petrolera estatal de Venezuela maniobra para que la Audiencia Nacional de España no investigue al líder de Podemos. Detrás de la solicitud en contra de Iglesias está el partido VOX.
De forma diligente, la dictadura chavista actúa para impedir que se investigue la corrupción a PDVSA.
También, la acción está destinada a proteger a importantes figuras del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aliados de la dictadura de Caracas.
El despacho de abogados de Garzón, Ilocad, redactó y presentó un escrito oponiéndose a que se investigue los hechos denunciados por VOX. Es decir, la presunta financiación ilegal y pagos irregulares a cuentas de Pablo Iglesias por parte de Venezuela.
VOX ya presentó un primer escrito ante la Fiscalía Anticorrupción. En el documento, aseguran que «existen claras evidencias de financiación por parte de gobiernos como el de Evo Morales».
Sospechosos habituales
Los nombres de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero y hasta el mismo Baltasar Garzón salieron a relucir en la denuncia.
Los temores de Iglesias empeoran lego de verla inhabilitación política del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, lograda también gracias a VOX.
Neurona Consulting también figura en la denuncia. Esa empresa vinculada a Monedero, cobró 1,8 millones de dólares de Evo Morales.
En el escrito, Vox también recuerda que Hugo Chávez, financió a la fundación vinculada a Podemos Centro de Estudios, Políticos y Sociales. Esa organización recibió un millón de euros de Caracas.
En Ecuador, la denuncia mencionó a la fundación bolivariana CELAG (que tiene en su consejo consultivo al ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero) y al propio expresidente Rafael Correa.
También desde Ecuador, según la denuncia, se habría financiado a Podemos mediante el pago de 759.936 euros a la cooperativa Kinema. Una empresa que fundó el diputado podemita Rafael Mayoral.
Finalmente, la denuncia señala casos de corrupción investigados en España como el caso Morodo, en el que se investiga al ex embajador de Zapatero, Raúl Morodo; y el caso PDVSA.
Con información de Periodista Digital.
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