Traficar con personas es la cuarta industria delictiva organizada más lucrativa en el mundo. Analizar su impacto en la mujer venezolana, dentro y fuera del país, fue uno de los objetivos del foro virtual Trata de personas: Delito sin castigo, organizado por el Observatorio Nacional de Paz y Derechos Humanos, que contó con la participación de la embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Faria.
“Durante los dos años que hemos representado a Venezuela, al legítimo gobierno de presidente Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, hemos establecido como prioridad el abordaje integral a la comunidad de venezolanos, conociendo que, desafortunadamente, las probabilidades de ser víctimas de Trata de Personas son mayores para aquellos que se han visto forzados a abandonarlo todo y ven limitadas sus oportunidades de realizar una migración segura, organizada e integrada”, aseveró Faria.
La representante diplomática indicó que en el perfil de las víctimas de este delito en Costa Rica, la población migrante es la más vulnerable. Los reportes señalan que las víctimas son sometidas a explotación sexual o laboral, y a trabajo forzoso, principalmente en la agricultura y el servicio doméstico. Quienes viven en las zonas costeras del Pacífico Norte y Central son particularmente sensibles.
Faria destacó que desde la Embajada se construyen puentes de colaboración con las autoridades del país de acogida y mantienen constante comunicación con organismos internacionales y representantes de Estados democráticos, “para que se comprenda que si bien las acciones locales pueden dar resultados positivos, en el caso de los venezolanos es fundamental exponer y articular esfuerzos para erradicar las verdaderas razones que los convierten el blanco fácil de quienes se dedican a traficar con personas. “Mientras la dictadura de Maduro imponga su yugo sobre Venezuela, se agravará la crisis y los riesgos y vulnerabilidad de la diáspora venezolana a la trata de personas”; aseveró la diplomática.
Un paso adelante
María Faria recordó que en noviembre de 2020 el gobierno de Costa Rica aprobó la creación de la Categoría Especial de Protección Temporal Complementaria a ciudadanos venezolanos, nicaragüenses y cubanos a quienes se les había denegado el reconocimiento de la condición de refugiados y se encontraban en situación de vulnerabilidad; medida que brinda la posibilidad de permanecer legalmente en el país y facilitar a los venezolanos insertarse en el mercado laboral, como parte de un proceso de inserción social que mejora sus condiciones de vida y, en consecuencia, los aleja del radar de quienes trafican con seres humanos.
Con información del CCN
