El sacerdote Floriano Ceferino Vargas, de la diócesis de Bluefields en el Caribe sur de Nicaragua, fue expulsado de su país tras ser detenido por la Policía Nacional en medio de la creciente represión de la dictadura de Daniel Ortega contra representantes de la Iglesia católica, según denunció este martes la organización Monitoreo Azul y Blanco.
“El sacerdote Floriano Ceferino Vargas fue desterrado y enviado a Panamá”, indicó la ONG que se define como un equipo interdisciplinario que registra y consolida denuncias de violaciones a derechos humanos vinculados al contexto político que vive Nicaragua desde abril de 2018.
El sacerdote, que está a cargo de la parroquia San Martín de Porres, en el municipio de Nueva Guinea, de la Región Autónoma del Caribe Sur, fue detenido después de oficiar una misa la tarde del domingo 1 de diciembre.
“El destierro es un crimen de lesa humanidad”, señaló, por su lado, en X el dirigente campesino desnacionalizado Medardo Mairena, quien confirmó que el sacerdote, que dirige una parroquia de donde él es originario, fue desterrado a Panamá.
De momento, ni el régimen de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esa detención y posterior expulsión, y generalmente no suelen pronunciarse.
El caso ocurre luego de que los obispos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, integrantes del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac), convocaran para el 8 de diciembre a una “jornada centroamericana de oración por la Iglesia en Nicaragua. ‘Gritamos con Nicaragua’. Si un miembro sufre, todos sufrimos con él (1Cor 12,26)”, que “afronta una desafiante realidad”.
Hasta agosto de este año, al menos 245 religiosos habían sido expulsados o forzados al exilio, según el estudio “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, de la investigadora exiliada Martha Patricia Molina.
Entre los afectados destacan los obispos Rolando Álvarez, de Matagalpa, e Isidoro Mora, de Siuna, quienes fueron declarados “traidores a la patria” y despojados de su nacionalidad. El nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y otros 136 sacerdotes fueron también expulsados o presionados a abandonar Nicaragua.
La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más calificó esta situación como la peor represión sufrida por la Iglesia católica en la historia del país bajo el actual régimen sandinista.
El Papa Francisco también se pronunció expresando su cercanía con los fieles de Nicaragua. En una carta publicada el lunes, el pontífice reconoció las “dificultades, incertidumbres y privaciones” que enfrenta la Iglesia en el país y manifestó: “Estoy con ustedes”.
Las relaciones entre el Vaticano y el régimen de Ortega alcanzaron niveles de gran hostilidad. Francisco calificó al régimen de Nicaragua como una “dictadura grosera” y criticado su “desequilibrio”.
Por su parte, Ortega acusó al Vaticano de formar parte del “conglomerado del fascismo”, disolviendo y expropiando a la orden jesuita, a la cual pertenece el Papa.
El caso de Vargas no es aislado. El pasado 13 de noviembre, el obispo Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue expulsado tras criticar en una misa el sacrilegio de un alcalde sandinista.
Con su salida a Guatemala, se convirtió en el tercer obispo deportado en un año, evidenciando la intensificación del conflicto entre el régimen y la Iglesia católica.
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