En Caracas el Metro circula, en los hospitales venezolanos hay pacientes, los estudiantes se gradúan en las universidades y las oficinas están abiertas, al menos hasta las dos de la tarde. Todo esto ocurre, pero es también una ilusión óptica.
Tal es interpretación que en un trabajo en el diario español El País nos deja el periodista Francesco Manetto.
La realidad: el subterráneo de la capital funciona, cuando no hay cortes eléctricos, sin apenas empleados ni controles. Las clínicas están asfixiadas por la falta de personal y medicamentos. Los centros educativos luchan por sobrevivir y la Administración está atravesada por miles de grietas que anticipan un colapso inminente.
Acercar la lupa al sector público de Venezuela después de dos décadas de gestión del chavismo y, sobre todo, tras seis años de deterioro acelerado bajo el mando de Nicolás Maduro, supone observar un mastodonte que todavía no se ha derrumbado del todo gracias a las infraestructuras heredadas y a la implicación de sus trabajadores.
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Cuando Iraida Ramírez comenzó en el hospital Doctor José Ignacio Baldó de Caracas, conocido como El Algodonal, era poco más que una adolescente. Han pasado 34 años y desde entonces ha sido testigo de los cambios del país desde el departamento administrativo de un centro que fue referencia en el tratamiento de afecciones respiratorias en Venezuela. «Lo teníamos todo, ahora no tenemos casi nada». Es el resumen de su rutina y la de los demás empleados. Hoy su lucha se inicia cada mañana, todavía de madrugada, con el traslado a su despacho, un cuarto sin ordenador ni alardes tecnológicos y asediado por los mosquitos en una caseta a unos metros del servicio de tuberculosis. Para acceder a esa planta hay que pasar un control de seguridad.
Ramírez habla delante de un cartel que reza Sin sindicatos no hay democracia. Recuerda que su poder adquisitivo ha ido mermando hasta percibir 80.000 bolívares mensuales, menos de siete dólares al cambio real en la calle. Pero no se rinde. Igual que Mónica Romero, de 42 años, 15 como enfermera de cirugía, con el mismo salario. «Esto no tiene ningún futuro, pero no me quiero ir. Estuve en Perú, me ofrecieron trabajo y no quise, después de todo lo que luché», asegura.
Hacemos milagros
Esta trabajadora explicaba el pasado lunes que esta semana no hay muchas personas ingresadas. «Las operan hoy, duran dos días, se dan de alta porque no hay solución ni medicamentos». Tiene que costearse los uniformes y consume su sueldo en transporte. «A veces le pido a una persona que me lleve, si no, me tengo que parar [levantar] a las cuatro de la mañana, caminar cinco kilómetros hasta la avenida para ver si hay algún carro. Te cobran 2.000 bolívares para venir», continúa. La mayoría del personal ya se fue, del hospital o del país. «Hay tres, cuatro enfermeros por turno, nada más. Debería haber 15. Hacemos milagros». Según la ONU, desde 2015 más de cuatro millones de personas han abandonado Venezuela.
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Ese es el año en que el Instituto Nacional de Estadística publicó el último informe completo sobre la población activa: 7,7 millones de trabajadores formales, de los que una tercera parte son empleados públicos, y 5,4 millones de ciudadanos dedicados a actividades informales. Más allá de los datos, la decadencia de los servicios impulsados por la llamada revolución bolivariana, golpeados por una emergencia económica sin precedentes, la corrupción y una hiperinflación sin freno, es otra instantánea de las graves disfunciones de Venezuela.
El Gobierno ha atribuido en repetidas ocasiones el deterioro a la «guerra económica» que, asegura, EEUU libra contra el chavismo. Maduro llegó a hablar de «guerra contra los servicios públicos para hacer ingobernable a un país». El pasado mayo, en el primer reconocimiento explícito del régimen del inmenso deterioro, el Banco Central reveló una caída del PIB del 52,3% desde 2013 —cuando Maduro fue elegido presidente— y un aumento de la inflación del 180,9% en 2015 al 130.060% en 2018. «La crisis es estructural, llegó para quedarse». Esta es la advertencia que hizo el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. La firma realizó recientemente, tras la primera oleada de apagones, un foro sobre el reto de sobrevivir ante ese colapso. «No vamos a salir de eso, en medio de este modelo, en medio de esta restricción financiera que tiene el Gobierno. Vamos a suponer que Maduro quisiera arreglar la electricidad, ¿con qué plata lo hace?”, se preguntó.
Y así están todos servicios públicos, en un deterioro paulatino que los lleva a la muerte.
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