El Gobierno de Iván Duque en Colombia ha esquivado este miércoles pedir excusas por los excesos policiales en la oleada de movilizaciones que sacudieron al país a finales del año pasado, como le instaba un fallo de la Corte Suprema de Justicia que también le ordenaba, entre otras medidas, no estigmatizar la protesta social. En su lugar, a través de su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que solicitará a la Corte Constitucional revisar la decisión del Supremo.
Por Santiago Torrado | El País
En el momento más bajo de la relación de confianza entre los ciudadanos y los uniformados por los recientes episodios de brutalidad policial, la Corte Suprema había optado la víspera por blindar las protestas pacíficas en un fallo sobre los excesos en el uso de la fuerza contra los manifestantes que muchos sectores consideraron histórico. El alto tribunal encontró que el Estado reprime de manera “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” las manifestaciones ciudadanas. También ordenó suspender el uso de las escopetas calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), como la que utilizaba el agente que asesinó durante una marcha pacífica a Dilan Cruz, un joven manifestante que se convirtió en símbolo de la brutalidad policial. E instó al jefe de la cartera de Defensa a pedir excusas en un plazo de 48 horas.
La respuesta del Ejecutivo, sin embargo, se encaminó en otra dirección. El Esmad “no incurre institucionalmente en excesos”, defendió Trujillo al leer un comunicado del Gobierno. En los casos en que se presentaron abusos a partir del 21 de noviembre en el marco del paro nacional convocado por sindicatos y organizaciones estudiantiles, “estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes”, que actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias de las autoridades competentes, añadió.
“La manifestación o protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución”, destacó Carlos Holmes Trujillo en su pronunciamiento. También describió y defendió los actuales protocolos de las fuerzas de seguridad, pero en ningún momento se refirió a algún tipo de pedido de perdón, o dijo acatar el fallo. “La actuación del Esmad se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas”, enfatizó. El Gobierno, añadió, “seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional”.
Sus declaraciones estuvieron en línea con la defensa cerrada de la fuerza pública que ha emprendido el Ejecutivo en un momento particularmente crítico, y a pesar del clamor por una reforma de fondo. Hace dos semanas, la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial en Bogotá detonó la ira ciudadana contra la fuerza pública. Abundan las denuncias de nuevos abusos en medio de las múltiples protestas, pacíficas y violentas, que dejaron 13 civiles muertos este mes en Bogotá y Soacha. Varios policías dispararon indiscriminadamente contras civiles en medio de los disturbios, de acuerdo con los episodios que documentó la propia Alcaldía de Bogotá.
La postura del Ejecutivo de Duque, que ha llegado a fotografiarse con la chaqueta de la policía para escenificar su respaldo, lo ha enfrentado a diversos sectores políticos, ciudadanos y, ahora, a los tribunales. “Con evidencias le pedí al Gobierno Nacional reconocer la gravedad del abuso policial, ofrecer perdón y acometer la reforma de la policía. A las tres cosas nos dijeron que no. Ahora las tendrán que hacer por orden de la Corte Suprema”, reaccionó la alcaldesa de la capital, Claudia López, una de las principales figuras de oposición, ante un fallo que calificó de “admirable”.
Aunque la protesta social se había visto desactivada este año por las medidas de confinamiento, las denuncias de abusos policiales han sido frecuentes aún en medio de la pandemia. La crisis de imagen y credibilidad de la policía se viene acumulando desde la oleada de manifestaciones contra del Gobierno a finales de 2019 a la que se refiere la Corte Suprema, y se ha evidenciado en las encuestas. En otra de sus decisiones, el alto tribunal insta a los funcionarios a “mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional”. Luego de la respuesta del ministro de Defensa, su cumplimiento está en vilo.
Con información de El País
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