La entrada en prisión del rapero español Pablo Hasél el pasado 16 de febrero desató una oleada de protestas que ha sacudido España en los últimos días.
Por BBC
Hasél fue condenado por «enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales» por algunas de sus letras y tuits.
Al acumular condenas previas por delitos como agresiones y amenazas, la justicia española decretó su entrada en prisión.
Tras el ingreso penitenciario de Hasél —nacido como Pablo Rivadulla Duró en 1988— se produjeron protestas virulentas para pedir su libertad en ciudades como Madrid, Valencia, Pamplona o Barcelona, demandando la libertad del rapero.
Pero lo que empezó como una protesta contra lo que los manifestantes denunciaron como un ataque a la libertad de expresión, se tornó en lo que varios de los participantes describen a BBC Mundo como una expresión de rabia por la frustración acumulada por la falta de expectativas de futuro de una generación castigada por la crisis económica y ahora también los efectos de la pandemia de coronavirus.
En Barcelona, las manifestaciones se repitieron durante más de una semana —hay más previstas en los próximos días— y en muchas ocasiones desembocaron en disturbios y actuaciones violentas contra la policía y algunos comercios, que fueron condenados por parte de la ciudadanía y las autoridades.
En Twitter, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que la defensa de la libertad de expresión «no justifica en ningún caso destrozar todo tipo de mobiliario urbano, asustar a vecinos, perjudicar comercios afectados por la crisis o atacar a medios de comunicación».
La precariedad como «gasolina»
Las protestas no tienen un convocante claro ni un objetivo identificable. «Es algo transversal. Algunos de los participantes están organizados en plataformas políticas. Otros son chavales menos politizados que lo veían como una oportunidad de expresar su rabia», le dice a BBC Mundo Lluís Cruz, periodista de Betevé, la televisora local de Barcelona.
«Hay perfiles muy diversos; chicos y chicas muy jóvenes, de unos 20 años, pero los hay hasta de 16. Es complicado encasillar a los manifestantes en un perfil concreto», agrega la también periodista local Marta Font.
Uno de esos jóvenes es Pablo Castilla, estudiante de filosofía política de 21 años y militante de una organización anticapitalista. Asegura que la falta de «perspectivas de futuro» es uno de los factores que le empuja a manifestarse a diario en la capital catalana, así como «ver que lo que tenemos delante es cada vez más precariedad, más recortes de derechos y libertades».
«El detonante fue el encarcelamiento de Pablo Hasél, pero yo tenía muy claro que no salía únicamente por eso. Hay muchas más cosas detrás», agrega Castilla.
«Nuestra generación vivirá peor que nuestros padres, no encontramos trabajo, vemos negro el futuro», dice, por su parte, Biel López, también de 21 años y estudiante de Ciencias Políticas.
España es el país con la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 40,7% de los jóvenes españoles no tiene trabajo; el doble que Colombia y cinco veces más que México, según datos de la propia OCDE.
Pero tener trabajo no es una garantía para los jóvenes. Según el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España —un informe publicado en 2020— uno de cada cinco de los jóvenes que trabajan se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.
Además, según el mismo informe, solo dos de cada diez menores de 30 años ha podido emanciparse. El Observatorio de Emancipación Juvenil apunta también que en Cataluña los elevados precios de la vivienda hacen que «el pago teórico del alquiler habría supuesto el 119,6% del salario individual».
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