Al menos 15 ciudadanos de nacionalidad venezolana fallecieron el pasado 27 de julio en un accidente de tránsito registrado en Nicaragua, luego de que el autobús en el que se trasladaban chocara con dos vehículos y cayera por un precipicio, en un tramo peligroso de la Carretera Panamericana conocido como La Cucamonga.
Los venezolanos que sobrevivieron a ese incidente denunciaron el pasado miércoles 3 de agosto que temen ser deportados por las autoridades de ese país. Por tal razón, piden apoyo para seguir su viaje hacia Estados Unidos.
Se trataría de al menos 60 migrantes que lograron sobrevivir al hecho, en el que fallecieron 16 personas, según testimonios recopilados por el diario La Prensa de Nicaragua.
Los venezolanos se encontraban en un albergue próximo al Hospital San Juan de Dios de Estelí, donde las víctimas reciben atención médica y esperan la recuperación de sus familiares, así como la orden para repatriar a sus seres queridos que murieron en el accidente.
No obstante, los migrantes aseguran que el gobierno de Daniel Ortega y la Policía dependiente de la Alcaldía de Estelí estarían intentando deportarlos. Además, indicaron que el albergue en el que estaban fue cerrado por orden de las autoridades.
“No nos desalojaron, solo nos dijeron que no podíamos seguir ahí y al padre le dijeron que lo que está haciendo e ilegal. Gracias a Dios, una señora nos trasladó a un hostal y están pagando todo”, explicó al medio local uno de los sobrevivientes que prefirió no identificarse.
El albergue fue establecido por un sacerdote y por su acción también lo habrían amedrentado por supuestamente incurrir en ilegalidad.
“Aunque ni la Alcaldía de Estelí ni otras entidades estatales garantizan las condiciones básicas para que los venezolanos sobrevivientes y familiares de las victimas del accidente del bus que la semana pasada se precipitó a un abismo en la cuesta La Cucamonga, la policía intimida y amenaza a algunas personas que intentan ayudarlos”, destacó La Prensa de Nicaragua.
En ese sentido, denunciaron que el proceso de deportación es ilegal porque habrían pagado una multa de $150 para permanecer en tránsito en Nicaragua durante 72 horas. A pesar de que el plazo ya caducó, solicitan que sea considerado el accidente y que se les extienda el permiso.
Asimismo, el medio local aclaró que la cancelación de esa multa es un mecanismo ilegal que fijaron algunos agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería para supuestamente extorsionar a los migrantes ilegales y dejarlos ingresar al país por puntos ciegos.
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