La destitución de Martín Vizcarra como presidente de Perú por «incapacidad moral» no solo ha generado el rechazo de gran parte de los peruanos, sino que también ha llevado a expertos e instituciones a manifestar su preocupación ante una posible concentración de poder en manos del Legislativo.
David Blanco Bonilla / EFE
La alerta ha sido lanzada después de que este martes asumiera la jefatura del Estado el presidente del Congreso, Manuel Merino, ya que el destituido Vizcarra no tenía vicepresidente.
En ese contexto, constitucionalistas y medios locales recordaron que, a pesar de que el sistema político peruano plantea una clara división de poderes, existe una ley hasta ahora prácticamente olvidada que mantiene al presidente del Congreso en funciones cuando asume la jefatura del Estado.
NORMA CASI OLVIDADA
La ley 27375 fue publicada en diciembre de 2000, poco después de la designación como gobernante de transición del entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, tras la destitución de Alberto Fujimori (1990-2000) en medio de un gran escándalo de corrupción.
Esa norma contiene un solo artículo, pero establece que si el presidente del Legislativo debe asumir la jefatura del Estado «por impedimento permanente» del presidente de la República mantendrá tanto su cargo como su escaño en el Legislativo.
«No implica la vacancia de su cargo de presidente del Congreso ni de su condición de Congresista de la República», remarca la ley.
INTERESES SUBALTERNOS
Aunque la conducción del Congreso fue asumida este martes por el primer vicepresidente, Luis Valdez, se considera que el balance de poderes en el país será puesto en riesgo si en el próximo gabinete de ministros hay miembros de las bancadas parlamentarias que destituyeron a Vizcarra.
En ese contexto, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola remarcó que se debe garantizar la división de poderes para evitar que Perú se convierta en una autarquía, mientras el politólogo Fernando Tuesta no dudó en afirmar que «este es un Gobierno del Congreso».
Para muchos, la destitución de Vizcarra se concretó por «intereses subalternos» de políticos y partidos que también están involucrados en denuncias e investigaciones por presuntos actos de corrupción o por haber vulnerado leyes de gran apoyo en el país, como las dirigidas a mejorar la educación universitaria.
Este tema fue tocado directamente por Vizcarra al defenderse este lunes ante el pleno del Congreso, donde afirmó que 68 de los 130 congresistas actuales son investigados por el Ministerio Público, lo que motivó que algunos legisladores lanzaran reclamos, silbidos y golpearan sus mesas y escaños.
PREOCUPACIÓN NACIONAL
La alerta ante la eventual concentración de poder no solo fue dada por constitucionalistas, sino también por instituciones como la Defensoría del Pueblo, que remarcó que la democracia peruana se basa en «la división y control del poder, y la garantía y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las persona».
«La actual situación nos confronta ante dos graves riesgos: la concentración del poder y la seria afectación de los servicios públicos que debe garantizar el Estado», enfatizó la Defensoría.
Ante esto, el organismo remarcó que el Gobierno de Merino «debe dar señales inmediatas y concretas de que garantizará la separación de poderes, y evitará que las decisiones y acciones de gobierno se confundan con las del poder Legislativo».
ALERTA INTERNACIONAL
El tema también ha generado la preocupación de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este martes llamó «a garantizar la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos» en Perú.
En ese sentido, el organismo urgió al país andino a resolver «su actual crisis política en observancia a los estándares interamericanos sobre separación de los poderes y el respeto al Estado de Derecho, y mediante la realización de elecciones generales en las fechas programadas».
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifestó, a su turno, «su más profundo rechazo» a la destitución de Vizcarra y consideró que «la gravedad de esta decisión afecta el equilibrio de poderes y propicia la toma de decisiones populistas y en respuesta a intereses particulares, las cuales no van a tener un contrapeso en el poder Ejecutivo».
Al respecto, la secretaria general de la FIDH y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh Perú), Gloria Cano, sostuvo que los legisladores «han entregado el poder a grupos con intereses particulares sobre la educación, el tráfico de terrenos, el transporte, la trata de personas, entre muchos otros».
PROMESAS DE MERINO
Tras asumir la Presidencia interina de Perú, Manuel Merino, rechazó las acusaciones de liderar un Gobierno «usurpador» y ratificó que respetará la convocatoria a las elecciones generales del 11 de abril próximo.
Además de asegurar que la votación contra Vizcarra no fue producto de un acuerdo con «votos comprados», prometió que convocará un «gabinete de consenso y unidad nacional», integrado por profesionales «de las más altas calificaciones».
A pesar de ello, el rechazo al inicio de su gestión aún se mantiene entre muchos peruanos, al punto que grupos de manifestantes protestaron durante todo el martes en el centro histórico de Lima, donde fueron duramente reprimidos por la Policía.
Vizcarra declaró, por su parte, que el gobierno de Merino carece de «legalidad y legitimidad», ya que el TC aún no responde a una consulta para que determine si es constitucional que el Congreso juzgue a los presidentes por «incapacidad moral», además de carecer del respaldo de la ciudadanía.
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