El encarcelamiento de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez ha reavivado las tensiones por el eterno dilema entre la tesis oficialista de que en 2019 hubo un golpe de Estado contra Evo Morales y quienes afirman que su salida del poder y la posterior gestión transitoria fueron consecuencia de una revuelta ciudadana contra un fraude electoral a favor del exmandatario.
Gina Baldivieso / EFE
Áñez está encarcelada preventivamente en La Paz por cuatro meses dentro de una demanda presentada por la exdiputada oficialista Lidia Patty por la crisis de 2019, que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) asegura que fue un golpe de Estado contra el entonces presidente Morales.
La Fiscalía y el oficialismo la acusan por ello por los supuestos delitos de «conspiración», «terrorismo» y «sedición».
Morales fue declarado vencedor de las fallidas elecciones generales de octubre de 2019 para un cuarto mandato consecutivo, que luego fueron anuladas entre denuncias de fraude a su favor y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades en aquel proceso electoral que él ha rechazado.
En medio de protestas a favor y en contra, Morales anunció su renuncia el 10 de noviembre de 2019 denunciando ser víctima de un supuesto golpe de Estado y con él también dimitieron sus posibles sucesores, dejando al país sumido en el caos y un vacío de poder durante dos días.
Hasta que el 12 de noviembre Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, activó un mecanismo sucesorio avalado por el Tribunal Constitucional desconocido ahora por el Ministerio de Justicia que asegura que aquel pronunciamiento no tiene carácter vinculante.
Uno de los argumentos oficialistas que sustentan la tesis del golpe es la comparecencia de la entonces cúpula militar para «sugerir» a Morales que renuncie para pacificar al país, recomendación hecha también por los mandos policiales, sindicatos leales a su partido e incluso la Defensoría del Pueblo.
El hecho de que un uniformado impusiera a Áñez la banda presidencial también sustenta la denuncia oficialista, que inicialmente apuntaba al exlíder cívico y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la cúpula militar de Morales y luego fue ampliada a la exmandataria y sus ministros.
El Ejecutivo de Luis Arce, que siempre se refiere como «gobierno de facto» a la gestión transitoria de Áñez, defiende que no se trata de una venganza, sino de una búsqueda de «justicia» por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 y la «persecución» que hubo contra exautoridades y seguidores de Morales.
Arce no se ha pronunciado sobre este proceso, pero sí lo han hecho sus ministros de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, para asegurar que la exmandataria es procesada en calidad de exsenadora y respetando el «debido proceso».
El Ejecutivo también promueve al menos cinco juicios de responsabilidades ante el Legislativo por otros sucesos y medidas tomadas por la exgobernante.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
El abogado Juan Del Granado, impulsor del juicio de responsabilidades contra el fallecido dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), dijo a Efe que el origen de la crisis de 2019 se remonta al «desconocimiento» oficialista del referendo constitucional de 2016 que negó a Morales la posibilidad de volver a postular para un cuarto mandato.
La molestia por la nueva habilitación de Morales avalada por el Constitucional y las consecuentes denuncias de fraude a su favor motivaron una movilización ciudadana que derivó en su renuncia y «fuga», dejando un «vacío de poder» que luego cubrió Áñez, afirmó.
«No hubo ningún golpe de Estado, esto ha sido un recurso discursivo de los exgobernantes para encubrir el fraude y legitimarse», manifestó Del Granado, que en su momento también cuestionó los «abusos» cometidos por el Gobierno transitorio.
El MAS pasó luego de esa retórica «a una acción política y judicial criminalizadora» contra quienes consideran que se beneficiaron del «supuesto golpe», tal vez para «evitar fisuras internas» que quedaron expuestas durante el reciente proceso electoral subnacional, agregó.
O quizás para aplacar a los sectores más radicales que cuestionan una «cierta debilidad política» de Luis Arce, o es incluso una especie de «taparrabos para disimular las desnudeces de un Gobierno que no acaba de arrancar».
A su juicio, se han cometido «violaciones específicas» a los derechos de Áñez para «encaminar una violación mayor que es enjuiciarla prescindiendo de su calidad de expresidenta», algo que tildó de «chicana jurídica».
Del Granado recordó que, por ejemplo, García Meza fue procesado por los delitos cometidos antes del golpe de Estado de 1980 y por los desarrollados durante su gobierno de facto.
Por ello consideró «una ilegalidad absoluta» juzgar a Áñez «en la vía ordinaria por supuestos hechos delictivos anteriores» a su Presidencia e instaurarle los juicios de responsabilidades por sus acciones como mandataria.
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