Cuando el demócrata Joe Biden despida en enero próximo al actual gobernante de EE.UU., Donald Trump, tendrá sobre sí no solo las miradas de sus compatriotas sino también la esperanza de millones de inmigrantes que en los últimos cuatro años vieron estrechar sus opciones de llegar o permanecer en el país de las oportunidades.
Laura Barros / EFE
Cuatro años bastaron para que la Administración de Trump, obsesionada en levantar un muro físico en la frontera con México que no llegó a concluir, levantara una estructura legal que restringió el asilo, redujo a mínimos históricos la cifra de refugiados acogidos por el país y puso en vilo la continuidad de programas como DACA -que beneficia a los ‘soñadores’- y el TPS, un amparo que ha beneficiado principalmente a ciudadanos centroamericanos.
«BYE TRUMP»
La imagen no podía ser más elocuente. Mientras en las principales ciudades de EE.UU. centenares de personas celebraban el triunfo de Biden, una hilera de globos plateados sobresalía entre centenares de carpas caóticamente levantadas en Matamoros, una ciudad mexicana vecina del gigante estado de Texas.
«Bye Trump», decía el mensaje que uno de sus habitantes difundió por Twitter. Era también un recordatorio al futuro gobernante sobre el impacto de la política conocida como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés o ‘Permanezca en México’).
En virtud de esos protocolos, en vigor desde el 29 de enero de 2019, EE.UU. empezó a devolver a México a quienes soliciten asilo en los puntos fronterizos entre ambos países. Actualmente son centenares aguardando por una respuesta.
Con el MPP, una serie de decisiones internas y los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) que Washington suscribió con Guatemala, El Salvador y Honduras -países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica-, Trump estranguló en la práctica las opciones de asilo.
«Hay políticas que pueden cambiar sin esperar acción del Congreso», dijo a Efe la abogada Jodi Goodwin, quien lleva en la localidad texana de Brownsville los casos de varios de los solicitantes de asilo estancados en Matamoros.
Goodwin mencionó entre las decisiones a revertir, además del MPP, el veto de viaje a ciudadanos de distintos países, en su mayoría musulmanes, con el que el actual gobernante se estrenó a pocos días de asumir su mandato.
UNA MONTAÑA POR DERRUMBAR
La «montaña» que Biden tiene que derrumbar abarca, en palabras de Mony Ruiz-Velasco, una de las directoras de la organización Alianza Américas, «más de 400 acciones administrativas, generalmente todas en contra de las comunidades inmigrantes».
Y entre el extenso listado de tareas que el nuevo Gobierno deberá acometer están el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), creado durante 2012 por el entonces presidente Barack Obama -de quien el ahora gobernante electo fue vicepresidente- y el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Tras una batalla que llegó al Supremo, DACA, concebido como una protección contra la deportación de miles de jóvenes llegados de niños al país junto a sus padres indocumentados, ha quedado reducido a su mínima expresión por el Gobierno de Trump, que suspendió las nuevas solicitudes y redujo a un año la vigencia de los permisos actuales.
La Administración de Trump también ha intentado ponerle fin al TPS, que el Congreso estadounidense creó en 1990 para beneficiar a ciudadanos de países golpeados por un desastre natural o un conflicto armado. Esta iniciativa ha cobijado mayoritariamente a nacionales de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.
REFUGIADOS Y NIÑOS SEPARADOS
Otra de las tradiciones que la Presidencia de Trump no refrendó fue la de dar refugio.
Desde la aprobación de la Ley de Refugiados de 1980, el país había establecido una meta de admisión promedio de 95.000 refugiados al año; sin embargo, en el actual año fiscal 2021 -y por orden de Trump-, se recibirán a únicamente 15.000 personas.
Los activistas esperan que con Biden en el poder se restablezcan esas cifras y, según Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA, en inglés), sea también el momento para que la Administración entrante «cree un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas» en el país que necesitan un estatus permanente.
Sin embargo, la deuda más dolorosa para EE.UU. son los niños separados de sus padres indocumentados que aún no han sido devueltos a sus hogares.
Un grupo de abogados designado por un tribunal federal para las reunificaciones admitió que no ha podido localizar a los padres de 545 niños apartados de sus familias entre 2017 y 2018.
Biden ya ha empeñado su palabra y, en campaña, consideró estas separaciones «una mancha» para EE.UU.
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