La presidenta Dina Boluarte cumple este viernes 100 días de gobierno en Perú.
Boluarte asumió el cargo el pasado 7 de diciembre, tras la destitución y prisión preventiva del ex presidente de izquierda Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración al intentar establecer un gobierno de excepción.
Tras la sucesión constitucional, Boluarte ha enfretado protestas y baja popularidad entre los peruanos. Recientes encuestas de IPSOS, Datum, CPI y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) evidenciaron un 70 % de desaprobación de la mandataria, particularmente en las regiones del interior del país.
El 58.1 % de los peruanos cree que la corrupción se incrementó durante la gestión de Boluarte, según las encuestas, y el 73 % opina que debe renunciar para facilitar el adelanto de las elecciones generales, como pide la mayoría.
Hasta el momento, Boluarte ha dicho que no piensa dimitir.
Desaciertos
El politólogo José Alejandro Godoy sostiene que en estos primeros 100 días, el gabinete de Boluarte ha tenido entre sus principales retos la búsqueda de formas para sobrevivir y hacer frente a las múltiples protestas y movilizaciones, que hasta el 10 de marzo habían dejado al menos 66 muertos, 48 de ellos civiles, en choques con las fuerzas de seguridad.
“Ha logrado sobrevivir debido a las alianzas que tiene en el Congreso. Hay una suerte de pacto tácito e implícito de parte del gobierno y el Congreso de quedarse hasta el 2026”, explicó Godoy a la VOA.
Entre las fallas, el catedrático basado en la Pontificia Universidad Católica de Perú señala que el gobierno no se ha pronunciado de manera categórica en torno a las más de 60 muertes ocurridas durante las manifestaciones y que fueron reportadas por la Defensoría del Pueblo. “No ha facilitado mucha información, ha negado en muchos casos que las muertes se hayan producido por las fuerzas del orden”.
En ese contexto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha dado un plazo de 60 días al gobierno de Perú para que brinde información en torno a la muerte de manifestantes y sobre el accionar de las fuerzas del orden. La Fiscalía peruana investiga actualmente a la presidenta Boluarte y a su primer ministro Alberto Otárola por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
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