El 9 de junio de 2022, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua renovó la autorización de las fuerzas militares rusas para operar en el país.
Por Infobae
Al hacerlo, recordó a Estados Unidos y al hemisferio que el régimen dictatorial de Daniel Ortega no sólo continúa abrogando los derechos de su propio pueblo a la elección democrática, la libre expresión y otros derechos humanos fundamentales, sino que también sirve como punto de entrada para la proyección de amenazas en la región por parte de rivales extra hemisféricos de Estados Unidos, como Rusia, Irán y la República Popular China (RPC).
Cierre de espacios democráticos
En los cuatro años transcurridos desde que se iniciaron las protestas a nivel nacional en abril de 2018, el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha redoblado sus esfuerzos para consolidar su poder, posiblemente decidido a no permitir nunca más organizaciones políticas u organización y expresión pública que puedan dar lugar a desafíos masivos comparables a su poder.
La represión de las protestas supuso cientos de detenciones y causó al menos 300 muertos y 2.000 heridos. En los años siguientes, aprobaron una serie de leyes que criminalizan la expresión de la disidencia. El momento decisivo en la consolidación de su régimen autoritario fue el amaño de las elecciones nacionales de noviembre de 2021, que otorgó a la pareja dictatorial un nuevo mandato en el poder al inhabilitar a prácticamente todos los demás partidos de la oposición y encarcelar a 40 figuras destacadas de la oposición, incluidos los siete candidatos presidenciales de la oposición.
Los líderes de los antiguos movimientos políticos de oposición de Nicaragua han sido, casi en su totalidad, detenidos o forzados al exilio. Sólo un puñado de partidos, definidos por su colaboración con los Ortega y el FSLN, incluido el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), siguen siendo legales.
Después de las elecciones de noviembre de 2021, a raíz de la ampliación de las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, los Ortega y el FSLN han seguido actuando contra prácticamente todas las instituciones públicas o privadas que podrían hablar en su contra o movilizar de otro modo la oposición pública contra los sandinistas. El régimen de Ortega cerró más de 550 ONG, disolviendo 93 grupos sólo en junio de 2022.
El régimen de Ortega también ha actuado contra la prensa, incluyendo la confiscación de las instalaciones del periódico independiente El Confidencial en diciembre de 2018, y repetidas acciones contra el mayor periódico de Nicaragua, La Prensa, y su personal. También allanó las oficinas de La Prensa en agosto de 2021 y registró y saqueó las casas de sus reporteros en julio de 2022, obligándolos a huir del país. Durante el mismo mes, el régimen cerró cuatro canales de cable nicaragüenses y 11 emisoras de radio, incluida la emblemática Radio San Carlos. En agosto de 2022, los Ortega ordenaron el desmantelamiento del edificio de La Prensa para eliminar los últimos vestigios de su papel centenario en la historia de los medios de comunicación de Nicaragua.
Los Ortega han aumentado gradualmente la represión contra la Iglesia Católica, un pilar tradicional de la sociedad nicaragüense. Han atacado a sacerdotes y otros líderes que hablan críticamente del régimen durante sus misas y otros compromisos públicos. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue objeto de un acoso policial inexplicable y, posteriormente, fue detenido. Otros miembros de la Iglesia Católica y del importante movimiento evangélico nicaragüense han sido intimidados para que guarden silencio sobre dicha represión.
Los Ortega se han vuelto cada vez más suspicaces e intolerantes con el sector privado. Tanto el presidente como el vicepresidente de la principal federación empresarial de Nicaragua, COSEP, han sido encarcelados. Las propiedades de numerosos empresarios nicaragüenses han sido registradas y a veces confiscadas sin justificación legal legítima. Otras élites comerciales, como Carlos Pellas, han evitado oponerse públicamente a los Ortega, posiblemente para evitar sufrir las mismas consecuencias.
A medida que los Estados Unidos, la Unión Europea e incluso los estados del hemisferio occidental se han vuelto cada vez más críticos con el régimen de Ortega, Nicaragua ha ido rompiendo cada vez más los lazos con ellos. En mayo de 2022, tras los informes y declaraciones críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la Organización de Estados Americanos (OEA), Nicaragua anunció su retirada de la OEA.
En cierto modo, el control que los Ortega han logrado sobre Nicaragua es incluso mayor que el dominio de los chavistas sobre una Venezuela mucho más grande y rica en recursos. En Nicaragua, no hay indicios de divisiones significativas dentro de la Policía Nacional o las fuerzas armadas con respecto al régimen. Los principales líderes políticos, económicos y del sector de la seguridad ya han sido despojados de sus visados por viajar a Estados Unidos, entre otras sanciones. En julio de 2022, se añadieron otros 23 nicaragüenses a la “lista Engel”, de personas a las que se les prohíbe hacer negocios con agentes financieros estadounidenses. Podría decirse que las élites nicaragüenses aisladas tienen pocas opciones más que seguir trabajando con los Ortega.
El foco actual de los esfuerzos de expansión de los Ortega para controlar todos los espacios políticos y sociales de Nicaragua son las elecciones municipales de noviembre de 2022. Allí, buscarán capturar los pocos municipios del país que no dominan actualmente. En las anteriores elecciones locales de 2017, los sandinistas ganaron 135 de los 153 municipios. En julio de 2022, en previsión de las elecciones de noviembre, el gobierno del FSLN se hizo con el control de cinco municipios que había perdido en 2017 a manos del partido de oposición “Ciudadanos por la Libertad”, cuya condición de partido había sido revocada durante la contienda presidencial de noviembre de 2021. Observando la incapacidad de competir políticamente de forma viable en las contiendas de noviembre de 2022, Héctor Mainera, un destacado político en el exilio de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), llamó a la UNAB y a otros a boicotear las elecciones.
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