Una organización brasileña de derechos humanos presentó este martes un «llamamiento urgente» para que al menos cuatro relatores de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU investiguen los posibles abusos ocurridos en una operación policial que dejó 28 muertos en mayo pasado en Río de Janeiro.
La denuncia ante la sede de la ONU en Ginebra fue presentada por la Comisión Arns, una reputada organización integrada por 20 personalidades políticas, jurídicas, académicas, intelectuales y de movimientos sociales de Brasil, informó la entidad en un comunicado.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Paulo Evaristo Arns dijo que optó por el «llamamiento urgente», una medida usada para denuncias de graves violaciones de los derechos humanos ante la ONU, por «las evidencias» de que la operación sirvió para «la práctica indiscriminada de ejecuciones extrajudiciales contra la población civil» en una comunidad pobre de Río.
«El objetivo de la medida es alertar y denunciar a la comunidad internacional sobre las arbitrariedades cometidas durante la operación policial que culminó en la matanza», afirmó la Comisión Arns en su comunicado.
La violenta acción policial, en que murieron 27 civiles de una comunidad pobre y un policía, tuvo lugar el 6 de mayo en la favela de Jacarezinho y fue calificada por organizaciones defensoras de derechos humanos como la mayor masacre en la historia de Río, por los abusos cometidos por los uniformados durante el operativo.
Según organizaciones internacional de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch, las evidencias muestran que durante las nueve horas de tiroteos de la operación en Jacarezinho ocurrieron casos de ejecuciones extrajudiciales, abusos contra detenidos y destrucción de pruebas.
La Comisión Arns pidió que esas denuncias sean investigadas por cuatro de los Relatores Especiales de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU: el de ejecuciones sumarias, el de formas contemporáneas de racismo, el de personas de descendencia africana y el de pobreza extrema.
ANTECEDENTES NO JUSTIFICAN MUERTES NI EXIME AL ESTADO
«La Policía alega que los muertos estarían involucrados con la criminalidad, pero hay que aclarar que el derecho internacional es enfático al determinar que los posibles antecedentes de una persona ejecutada no justifican tal violación ni eximen o disminuyen la responsabilidad del Estado», afirmó el presidente de la Comisión Arns, el exministro brasileño de Justicia José Carlos Dias.
En la denuncia presentada ante la ONU fue incluida una demanda que la Comisión Arns entabló ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que se pronuncie si la operación policial violó la decisión de esa corte de prohibir acciones policiales en las favelas durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19.
La decisión de la Corte Suprema condiciona tales operaciones a que sus responsables demuestran que son casos «excepcionales».
«Hasta el momento las autoridades no demostraron el carácter excepcional de la operación ni tampoco las medidas adoptadas para evitar ejecuciones extrajudiciales durante el cumplimiento de las órdenes de prisión», alegó la organización de derechos humanos.
La Comisión dijo igualmente que en su denuncia ante la ONU citó otros casos ocurridos en Río y ya investigados por Relatores Especiales que «demuestran la reincidencia del Estado brasileño» en prácticas de «brutalidad policial en regiones con alta densidad de habitantes negros y pobres».
«La Comisión solicitó a los órganos de la ONU que exijan al Estado brasileño una investigación rápida, imparcial y eficaz, especialmente en su fase inicial, de recolección de pruebas, que considere seriamente la hipótesis de ejecución extrajudicial», según el comunicado.
Igualmente pidió que se le exija al Estado una modificación en las operaciones policiales «para evitar la muerte de personas negras, jóvenes y habitantes de las periferias», y que presente un pedido de disculpas por aludir «al comportamiento criminal de los muertos para justificar las atrocidades de la operación».
En un informe divulgado este lunes, Human Rights Watch pidió al Ministerio Público investigar civil y penalmente no sólo a los agentes que participaron en las acciones sino también a los altos mandos de la Policía de Río de Janeiro por ordenar el operativo.
EFE
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