La acusación fiscal que pide 30 años de cárcel para la excandidata presidencial Keiko Fujimori, en el marco del proceso penal que afronta por la presunta financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, seguirá vigente luego de que la Justicia peruana declarara infundados sus recursos de apelación.
A través de una resolución judicial que se dio a conocer este martes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de Fujimori y otros implicados en este caso, que también incluye a su marido, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como a su propio partido político, Fuerza Popular.
De esta manera, seguirá en pie la acusación que formuló el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, quien solicitó más de 30 años de cárcel para la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y más de 22 para su esposo, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La tesis del Ministerio Público, que incluye más de 15.000 páginas, sostiene que Fujimori habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, presuntos aportes ilícitos que recibió Fuerza Popular de la compañía brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas de 2011 y 2016.
Recursos infundados
Según detalla la resolución judicial, el principal cuestionamiento de las defensas a la decisión fiscal es haber dado por concluida la investigación preparatoria “mucho antes” de que el plazo fijado para esta etapa (21 de febrero de 2022) haya llegado a su fin, por lo que se habría producido una afectación a su derecho de defensa y a la búsqueda de medios de prueba.
El fiscal Pérez dio por concluida la investigación preparatoria de este caso el 11 de marzo de este año, día en que presentó la acusación contra Fujimori, tras una investigación que se prolongó durante más de dos años, y pidió que la líder de Fuerza Popular reciba 30 años y 10 meses de cárcel.
Sobre la queja de la defensa, la sala de apelaciones consideró que corresponde a la Fiscalía declarar la conclusión de la investigación preparatoria cuando estime que la misma alcanzó su finalidad y sostuvo que existe autorización legal para que esto se haga incluso antes del vencimiento del plazo.
A la fecha, este proceso penal, que involucra a más de 40 personas además de Fujimori, se encuentra en la denominada “etapa intermedia”, un proceso que puede demorar años y que permitirá al juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional de Crimen Organizado, revisar la acusación fiscal y decidir si abre un juicio oral.
EFE
