La acera frente al hotel Row en la Avenida 8 de Manhattan está abarrotada de neoyorquinos y turistas que se preparan para ver el eclipse solar del 8 de abril. Todos con cámaras y gafas a mano, menos Hedgie. Ella está en una esquina de la calle, casi escondida detrás de la multitud. A su alrededor hay varias mochilas, maletas, bolsas con ropa. Esta ecuatoriana de 30 años está esperando a que su esposo la ayude a cargar todas sus pertenencias hasta el metro. Hoy les toca abandonar este hotel que durante los últimos dos meses fue su refugio.
Por El País
La familia de cuatro —con dos hijos de 4 y 8 años, todos indocumentados— ahora vivirá en el hotel Watson, también en Manhattan, hasta junio, cuando nuevamente serán desahuciados y tendrán que volver a solicitar alojamiento en uno de los albergues habilitados por la ciudad de Nueva York para acoger los miles migrantes que han llegado desde la primavera de 2022. En los seis meses que lleva en la ciudad, la familia ha tenido que mudarse cuatro veces. Hedgie cuenta que están cansados de ir de un lado para otro y están considerando marcharse a otro Estado: “Ya no queremos estar aquí”.
Como ella, miles de personas alojadas en los más de 215 albergues habilitados por la ciudad para lidiar con los casi 200.000 migrantes que han llegado hasta la Gran Manzana desde el 2022 han recibido notificaciones de desahucio desde el pasado octubre, cuando la ciudad comenzó a restringir los tiempos de estancia en estos centros. Desde la semana pasada, además, la situación se ha agravado con la entrada en vigor de nuevas restricciones para limitar las solicitudes de alojamiento. Bajo la nueva normativa, anunciada en marzo, familias con niños como la de Hedgie podrán seguir pidiendo refugio cada 60 días. Pero las parejas sin niños y las personas solteras recibirán plazas por solo 30 días y luego se verán obligados a abandonar los refugios, a menos que la ciudad determine que tienen “circunstancias atenuantes” y se les conceda una exención. Hasta ahora, estos últimos dos grupos ya estaban limitados a estancias de 30 días, pero podían volver a aplicar cada mes sin ningún problema.
Con esta nueva norma, la intención de la Administración del alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, es impulsar a los migrantes a buscar alojamiento por su cuenta y reducir la población dentro de los centros de acogida. Sin embargo, defensores de la inmigración denuncian que las nuevas restricciones solo servirán para agudizar la desesperación que los migrantes ya sienten, forzándolos a vivir en un estado constante de preocupación e inestabilidad. Muchos acabarán durmiendo en la calle, ya que la mayoría no tiene una fuente de ingresos estable porque no pueden trabajar debido a su estado migratorio y, por tanto, no pueden cubrir el coste de un alquiler en la ciudad más cara del país.
Kim Corona, portavoz de la New York Immigration Coalition (NYIC), una coalición estatal de organizaciones pro migrantes y refugiados, tilda de “discriminatorias” las nuevas restricciones. “Estos límites son inhumanos. Nadie debería correr el riesgo de acabar durmiendo en la calle,” señala. Corona también resalta la carga que la nueva norma supondrá para familias: “Obligar a familias con hijos a tener que volver a solicitar alojamiento una vez transcurridos los 60 días es un ciclo continuo que mantiene a las personas en estos lugares a corto plazo sin las soluciones a largo plazo que realmente necesitamos. También afecta a los niños: tener que trasladarse a otro lugar puede estropear su educación y aprendizaje; provoca una interrupción”.
Más del 70% de los migrantes que han pasado por estos centros en los últimos dos años son latinoamericanos. La mayoría procede de Venezuela (el 41%), Ecuador (17%) y Colombia (9%), según datos facilitados por el Ayuntamiento. Muchos de ellos emigraron de sus países con la idea de llegar hasta Nueva York tras haber leído en redes sociales u oído de familiares o amigos que en la ciudad existe una ley llamada right to shelter, o “derecho al refugio”, en vigor desde los años 80. Esta normativa, que no existe en otras grandes ciudades estadounidenses, garantiza que se proporcionará una cama a quien la solicite en la red de albergues. Durante cuatro décadas, el “derecho al refugio” estuvo orientado principalmente a la población sin hogar. Eso cambió en la primavera de 2022, cuando miles de migrantes conocieron que existía este derecho. En el verano de 2023, el número de migrantes que vivía en estos centros ya superaba al de las personas sin techo.
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